Ante los recientes hechos de violencia en el suroccidente del país, el Consejo Superior de la Judicatura ordenó reforzar las medidas de seguridad en varias sedes judiciales e impartió instrucciones para realizar trabajo remoto y ajustar horarios de atención al público en regiones de alto riesgo.
El Consejo explicó que entre enero y mayo de 2025 se implementaron 20 medidas de protección en sedes judiciales del país, en coordinación con la Policía, para salvaguardar tanto a los funcionarios como a las instalaciones. Además, en articulación con la Unidad Nacional de Protección (UNP), se otorgaron 37 medidas individuales para jueces y magistrados.
La instrucción fue impartida a la Oficina de Seguridad de la Rama Judicial, a la que se le encomendó el seguimiento permanente de los acontecimientos en los territorios más afectados por la violencia, así como la coordinación con las autoridades de la Fuerza Pública en las regiones priorizadas.
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Los Consejos Seccionales de la Judicatura también adoptaron medidas extraordinarias para prevenir situaciones de riesgo. Entre ellas se incluyen modificaciones temporales en los horarios de atención al público y la autorización para el uso de medios virtuales para el desarrollo de las funciones judiciales, según las condiciones específicas de cada territorio.
Estas decisiones se aplican particularmente en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Huila, donde se mantiene comunicación permanente con las Direcciones Seccionales de Administración Judicial para monitorear cualquier novedad y garantizar la prestación del servicio de justicia.
“Atendemos las necesidades de los servidores judiciales, porque entendemos que servir a nuestros jueces es servir a la ciudadanía, es construir país y fortalecer el Estado Social y Democrático de Derecho”, explicó el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo.
La corporación concluyó que seguirá actuando con determinación para enfrentar los desafíos de seguridad que afectan a la Rama Judicial en el actual contexto de orden público nacional.
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