La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó en audiencia al general retirado, Mauricio Santoyo, antiguo hombre de confianza del expresidente Uribe y su exjefe de seguridad. Esto se da en el marco de las investigaciones que se llevan a cabo por los delitos de concierto para delinquir y la desaparición forzada, entre otros.
“Citar al señor Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, en compañía de su defensor, a una audiencia adicional de aporte a la verdad plena con el concurso de los magistrados Óscar Javier Parra Vera y Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez que adelantan el macrocaso 008 en la SRVR”, dice el auto de la citación.
Debido a que la información dada por el exoficial no es suficiente, la Jurisdicción anunció que esta diligencia se llevará a cabo de forma presencial el 21 de marzo de 2024 a las 9:00 am en la ciudad de Bogotá.
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Cabe recordar que el exoficial Santoyo regresó al país en abril de 2019, luego de cumplir sentencia en Estados Unidos. Desde entonces permanece privado de la libertad por disposición de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos que lo vinculó a un proceso por desaparición forzada y otros delitos.
En marzo del año pasado, La Fiscalía remitirá a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la investigación contra el general en retiro Mauricio Alfonso Santoyo, por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos.
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Según expresan las investigaciones realizadas, el exoficial constituyó un patrimonio de más de 6.000 millones de pesos, que, en parte, sería producto de dineros que habría recibido de los desmovilizados grupos de autodefensa, mientras estuvo vinculado a la Policía Nacional entre 1999 y 2009.
Testimonios obtenidos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, los cuales fueron verificados, le permitieron a la Fiscalía conocer que la organización narcotraficante conocida como ‘La Oficina’ y cabecillas de las AUC, supuestamente, le pagaron a Santoyo Velasco para que dejara en libertad a integrantes de esas estructuras y los alertara sobre los movimientos y operativos de la fuerza pública.
Por estos favores ilícitos, el general en retiro habría recibido en su momento más de 1.700 millones de pesos. Es importante resaltar que los bienes del exoficial y núcleo familiar, y sus empresas, fueron objeto de medidas cautelares por parte de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio.
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