Este martes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio un paso histórico al emitir la primera sentencia contra los máximos exjefes de las antiguas Farc, responsables de miles de secuestros cometidos durante el conflicto armado en Colombia. 

En audiencia pública, la Sección de Reconocimiento de Verdad del tribunal de justicia transicional leyó la decisión contra Rodrigo Londoño (Timochenko), Pastor Alape, Jaime Alberto Parra (El Médico), Pablo Catatumbo, Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada) y Rodrigo Granda (Ricardo Téllez).

La JEP sancionó con ocho años a los siete exjefes de las Farc por 21.936 casos de secuestro. 

De acuerdo con la JEP, los siete comparecientes fueron determinantes en la ejecución de una política criminal que incluyó secuestros con fines de financiación, presión política e imposición de control social y territorial. Según el tribunal, estas prácticas dejaron un saldo provisional de 21.396 víctimas, de las cuales 4.325 ya han sido acreditadas en el proceso.

La sentencia también reconoce que los secuestros estuvieron acompañados en muchos casos de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como homicidios, torturas, violencia sexual, esclavitud, desapariciones y desplazamientos forzados.

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Por haber aceptado su responsabilidad y contribuir al esclarecimiento de la verdad, los exjefes de la guerrilla no recibirán penas de prisión, sino sanciones propias de carácter restaurativo. Estas incluyen restricciones de libertad de entre cinco y ocho años, además de trabajos reparadores en proyectos de desminado, búsqueda de desaparecidos, reparación de memoria histórica y recuperación ambiental.

El macrocaso 001, abierto en 2018, investiga los secuestros perpetrados por las Farc entre 1993 y 2016. La JEP anunció que en los próximos meses continuará emitiendo decisiones en contra de otros mandos medios de la antigua guerrilla que también reconocieron responsabilidad en estos delitos.

Con esta sentencia, la JEP marca un precedente en la justicia transicional del país, al establecer sanciones para los máximos responsables de los secuestros que dejaron cicatrices profundas en miles de familias colombianas.

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