El Gobierno y Comuneros del Sur, la organización disidente del Eln, anunciaron una serie de avances clave en el proceso de paz territorial en el departamento de Nariño, tras concluir en Pasto la octava sesión de la Mesa para la Co-construcción de Paz Territorial.

Uno de los principales resultados fue la firma de un acuerdo para garantizar el ejercicio libre del proceso electoral en diez municipios priorizados del departamento. El compromiso establece que Comuneros del Sur no interferirá en actividades proselitistas ni promoverá candidaturas, mientras que el Estado se comprometió a reforzar las condiciones de seguridad, fomentar la participación ciudadana y prevenir la estigmatización de comunidades, liderazgos sociales y actores políticos.

En paralelo, las delegaciones aprobaron los protocolos que regulan el funcionamiento y el desplazamiento hacia la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio de Mallama, un paso considerado decisivo para la transición de los integrantes de Comuneros del Sur hacia la ciudadanía plena.

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La implementación de esta zona se produjo luego de culminar con éxito la consulta previa con el Resguardo Indígena Gran Mallama, proceso en el que participaron más de mil personas.

En el ámbito de la transformación territorial, el Gobierno ratificó su apuesta por la sustitución voluntaria de economías ilícitas. La Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos informó que durante el primer semestre de 2026 se prevé la sustitución de más de 900 hectáreas en los municipios de Samaniego, Ricaurte y Santa Cruz, y el inicio de acciones similares en Cumbal, en la zona de frontera con Ecuador.

Asimismo, el Ministerio de Minas y Energía presentó la hoja de ruta para la puesta en marcha de tres distritos mineros en Nariño, una iniciativa orientada a la formalización, el ordenamiento de la actividad extractiva y la generación de economías legales con enfoque participativo.

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Durante la sesión, la delegación gubernamental también expuso los lineamientos del modelo de justicia restaurativa relacional que se viene implementando en el proceso, con el objetivo de avanzar en acuerdos tempranos que contribuyan a la reparación de las víctimas y a la reconstrucción del tejido social.

El proceso cuenta con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal de Colombia, la Embajada del Reino de los Países Bajos y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, además de varias entidades del Estado y autoridades regionales.

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