El Gobierno nacional presentó un recurso de súplica ante el Consejo de Estado con el que busca revertir la decisión que ordenó la suspensión provisional del traslado de $25 billones desde los fondos privados hacia Colpensiones.
El documento, radicado por los ministerios de Ministerio del Trabajo y Ministerio de Hacienda, junto con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, solicita tumbar la medida cautelar decretada el pasado 28 de abril, que suspendió parcialmente el Decreto 415 de 2026.
El Ejecutivo argumenta que la decisión debe ser reconsiderada dentro del proceso de nulidad simple en curso y defiende la legalidad de la medida, clave dentro de la implementación de la reforma pensional.
¿Qué pasó?
El Decreto 415 de 2026, emitido por el Gobierno Nacional para acelerar el flujo de recursos de las AFP hacia Colpensiones, fue llevado ante los tribunales. Tras la radicación de 13 demandas -incluida una acción de tutela y una demanda respaldada por Asofondos y los fondos Skandia, Porvenir, Protección y Colfondos-, el Consejo de Estado decidió suspender parcialmente el decreto.
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Pero, ¿cuál parte está suspendida? La justicia administrativa puso bajo la lupa el Capítulo 5 del polémico Decreto 415 de 2026. Esta sección ordena a los fondos privados trasladar de forma inmediata a Colpensiones los ahorros de miles de ciudadanos que, aunque ya cambiaron de régimen, aún no han cumplido los requisitos de edad y semanas para jubilarse.
El conflicto radica en que, según los demandantes, estos recursos deberían permanecer en las AFP generando rendimientos hasta que se consolide el derecho pensional, por lo que el magistrado ponente analiza frenar esta medida para evitar un traslado patrimonial que podría ser masivo e irreversible bajo reglas jurídicas cuestionadas.
Con esto, el Régimen Público de pensiones solo recibiría $5 billones de esos $25 billones que exigía el decreto. ”Hay una población que está cotizando, que todavía no cumple con criterios pensionales de esa que se trasladó, y los recursos de esa población corresponden a $20 billones. Y hay otra población, que es la población que ya se trasladó, que son 20.000 personas y que están recibiendo pensiones, que los recursos de ellos corresponden a $5 billones”, dijo el presidente de Asofondos, Andrés Velasco. Sin embargo, Asofondos buscará que se tumbe todo el decreto.
Por el contrario, el Capítulo 6 del decreto tiene mayores probabilidades de sobrevivir al examen judicial, ya que regula el traspaso de capital de quienes ya consolidaron su derecho a la jubilación. En estos casos, la lógica jurídica sugiere que, dado que Colpensiones debe comenzar a pagar las mesadas de inmediato, el traslado de los fondos es una necesidad administrativa y financiera lógica para garantizar el flujo de los pagos.
Según el decreto, 50% del capital debía entregarse en 20 días y el resto en los 10 días siguientes.
Además, las demandas sostienen que esta medida es un “salto al vacío” normativo. Argumentan que, según las leyes vigentes, el dinero debe permanecer bajo gestión de las AFP hasta que el afiliado consolide su derecho a la pensión, y no ser captado de forma anticipada por el Estado.
Las demandas presentan una batería de argumentos legales, entre los que destacan: exceso de potestad reglamentariam, el Ejecutivo habría intentado “reescribir” la ley en lugar de solo reglamentarla; riesgo financiero, se cuestiona la urgencia del Gobierno por obtener liquidez inmediata a costa de cambiar las reglas de administración de los ahorros.
Además, asegura que hay desviación de poder, se sugiere que el decreto busca asegurar flujos financieros antes de que la Corte Constitucional emita un fallo definitivo sobre la Ley 2381 de 2024.
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