Desde la Secretaria de Transparencia de la Presidencia se envió una circular a más de 200 entidades del Ejecutivo en la que les solicita que en un plazo máximo de 10 días entreguen indicios, pruebas o hallazgos de posibles actos de corrupción o irregularidades desde 2018 (Gobierno Duque) hasta la fecha.
“Presentar un informe consolidado en el cual relacione las alertas, hallazgos o irregularidades asociadas a posibles casos de corrupción identificados en su entidad en el periodo comprendido entre la vigencia 2018 a la fecha, identificando plenamente las personas naturales o jurídicas posiblemente vinculadas a los hechos y adjuntando los soportes respectivos”, dice el documento.
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El documento firmado por Andrés Idárraga, Secretario de Transparencia de la Presidencia, también señala que “a partir de los elementos entregados, evaluará la información y de acuerdo con lo estipulado en el numeral 13 del artículo 26 del Decreto 2647 de 2022 procederá a dar traslado a las autoridades competentes”.
¿Qué busca el Gobierno con esta medida? Según conoció este diario con fuentes en Presidencia, para el presidente Petro es importante en este momento de su mandato “enviar mensajes de transparencia”. Esto coincide con la solicitud de Idárraga y su despacho a la Procuraduría Y a la Fiscalía para que investigue al viceministro de Conectividad, Gabriel Jurado y a otros contratistas del MinTic por presunta falsedad en documento público en millonario contrato con CINTEL, firmado para ejecutar un estudio de conectividad en el país.
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En Caracol Radio, el viceministro Jurado señaló que en el contrato no hubo conflicto de intereses, ni se cometió el delito de falsedad en documento público.
La investigación en la Procuraduría busca indagar por el presunto uso de datos de una investigación que el Banco Interamericano de Desarrollo habría entregado al Gobierno, y habrían sido presentados como parte de su propio balance, lo que implica una duplicidad de información.
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