El sector eléctrico atraviesa actualmente una situación de creciente complejidad financiera, originada en el retraso en los pegos asociados a la compra de energía y a los subsidios reconocidos a los comercializadores.
Esta situación ha generado presiones sobre la liquidez de los agentes del sistema, limitando sus capacidades operativas y generando tensiones que comprometen la sostenibilidad del modelo actual.
A lo anterior se suma el rezago en la ejecución de proyectos estratégicos de expansión del sistema de transmisión y distribución, si como las limitaciones operativas que presentan algunas subestaciones, lo que ha dificultado la incorporación plena de nueva generación al Sistema Interconectado Nacional.
En ese sentido, Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del departamento de Atlántico y presidente de la Región Administrativa y de Planificación (RAP) Caribe, envió una solicitud a la presidencia de la República con el fin de que se evalúe la pertinencia de declarar el estado de emergencia económica, social y ecológica, con el fin, de adoptar las medidas legislativas extraordinarias respecto a la crisis energética en el panorama nacional.
La carta, respaldada en el ejercicio de la competencia que otorgada por los artículos 187 y 215 de la Constitución Política, solicitaba entre otras funciones como garantizar el pago inmediato de las obligaciones pendientes con los agentes del sector eléctrico, estabilizar el flujo financiero del sistema mediante mecanismos compensatorios adecuados, proteger a los usuarios mediante la adopción de tarifas equitativas y sostenibles y asegurar la operación continua y eficiente del sistema interconectado.
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“La energía eléctrica constituye el soporte transversal del aparato productivo, de la prestación de servicios esenciales como salud, agua potable, educación y conectividad, y del ejercicio efectivo de múltiples derechos fundamentales. Su interrupción, parcial o total, comprometería gravemente la vigencia del Estado social de derecho”, decía el manifiesto.
Y es que de no ser atendida esta situación con las medidas integrales y oportunas, podría derivar en afectaciones sensibles a la prestación continua, eficiente y equitativa del servicio público esencial de energía eléctrica.
De acuerdo con el gobernador, “estamos convencidos de que este momento exige decisiones de visión estructural, orientadas a preservar el bienestar colectivo y la estabilidad del país. La respuesta institucional que se adopte marcará un hito en la gestión responsable de los desafíos energéticos que enfrenta Colombia”.
“Agradecemos su atención y quedamos atentos a las determinaciones que se adopten desde el Gobierno Nacional”, concluyó el escrito.
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