En una misma semana, el fiscal general, Francisco Roberto Barbosa Delgado, comparó al presidente Gustavo Petro con el difunto narcotraficante Pablo Escobar, en medio de un cruce de declaraciones que ha sido interpretado por varios actores, como el ministro de Defensa, Iván Velásquez, como campaña política, mientras dos casos de alta connotación se quedaron sin fiscal.

El primero fue el del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El fiscal Andrés Palencia, quien tuvo el largo expediente en su despacho desde octubre del año pasado, renunció a su cargo como fiscal. Tras su salida, el segundo caso que queda en vilo es el del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, involucrado en el escándalo transnacional de Odebrecht por una presunta financiación ilícita.

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El proceso contra Uribe alcanzó a tener a otro investigador. El excandidato a contralor Víctor Salcedo fue designado por la Fiscalía luego de terminar el puente de Reyes Magos, pero el viernes se declaró impedido. En 2020, cuando la Corte suprema ordenó la detención domiciliaria del entonces senador, Salcedo escribió una columna en la que se opuso, lo que sería una causal de impedimento.

Toda esa cadena de sucesos, que en teoría corresponden a garantías fundamentales a las que toda persona tiene derecho dentro de un proceso judicial, fue un apartado percusionista que sonaba de fondo mientras el titular de la Fiscalía General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, y el Gobierno nacional cruzaban declaraciones alegando logros y fracasos en sus funciones.

Esta última semana es solo un reflejo de cómo se han desarrollado los últimos dos años de la administración de Barbosa, quien no ha desaprovechado oportunidad alguna para hacer oposición política luego de la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño. Petro significó una ruptura entre el ente investigador y Palacio, pues Iván Duque no es quien ocupa el máximo asiento administrativo.

Duque fue, en parte, responsable de la llegada de Francisco Barbosa. Fue quien lo ternó, hace ya cuatro años, para que la Sala Plena de la Corte Suprema lo escogiera en una terna de tres personas que habían fungido como funcionarios en su gobierno. Barbosa llegó en medio de una relación cercana de público conocimiento con Duque, con quien estudió en la Universidad Sergio Arboleda.

Tras cuatro años, la Corte Suprema se prepara para votar por su sucesora, en medio de una terna que ha sido saludada por la academia en general y por organizaciones como Human Rights Watch. El 25 de enero, cuando se instale la primera sesión de la Sala Plena del alto tribunal, se adelantará una primera jornada de votación, y la ganadora tendrá que posesionarse el 13 de febrero.

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Ese día termina la era de Francisco Barbosa Delgado. Se trata de cuatro años marcados por reorganizaciones positivas en el ente acusador, como las que permitieron ‘destrabar’ casos emblemáticos como el de Odebrecht. Barbosa creó una unidad especial con personas afines a él, como Gabriel Ramón Jaimes, pero también con funcionarios de buen calibre, como Andrés Palencia.

El manejo del caso de corrupción más grande que ha conocido América en los últimos años tuvo aciertos durante la administración de Barbosa, pero el escándalo está lejos resolverse del todo, aunque el fiscal general ha insistido en lo contrario: algunas imputaciones clave, como a Luis Fernando Andrade, siguen sin siquiera concretarse, y han fracasado incluso en tres ocasiones.

Los expedientes de Odebrecht reposan en la Fiscalía desde hace ocho años. Aun así, la imputación de más alto calibre hasta ahora, la del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, tuvo que esperar hasta 2022, aun cuando expertos como Armando Novoa, quien conoció parte del caso como magistrado del Consejo Nacional Electoral, afirman que hubo pruebas desde hace tiempo.

Barbosa puede sacar pecho por la imputación a Zuluaga, quien presuntamente recibió dinero de la multinacional para su campaña y no lo reportó, y a la exministra de Transporte Cecilia Álvarez, quien aparentemente dio un visto bueno irregular a dos otrosíes que se añadieron al contrato de la construcción de la Ruta del Sol 2 en el tramo Ocaña-Gamarra.

Pero algunas imputaciones anunciadas con bombos y platillos, como la del expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade o la de altos ejecutivos de Odebrecht —como Marcelo Odebrecht, expresidente de la empresa, Eleuberto Martonelli, Luiz Bueno Junior, Yesid Arocha, Éder Ferracutti, Marcio Marangonni y otros— no han llegado a ningún lado.

En el caso de Andrade, varios jueces han tumbado las imputaciones tres veces por una incorrecta estructuración de los hechos que se presumen como delictivos, que técnicamente son definidos como hechos jurídicamente relevantes. En el caso de los directivos de Odebrecht, la Fiscalía asegura que ellos no se han conectado cuando han sido citados a audiencias de formulación de cargos.

La última vez que un juez tumbó una imputación contra Andrade también desestimó la que la Fiscalía le comunicó a Germán Córdoba, exvicepresidente ejecutivo de la ANI y actual director del partido Cambio Radical. En resumen, la justicia consideró que el ente investigador no pudo argumentar de forma clara cuáles fueron las irregularidades que cometieron en el otrosí 5.

Ese otrosí se aplicó al contrato de la Ruta del Sol 3. Una de las grandes preguntas que quedan en el aire es cuál es la relación que tiene esa obra con las coimas entregadas por Odebrecht, pues los hallazgos de la justicia hasta ahora dan cuenta de irregularidades en la Ruta del sol y en la Ruta número dos. La administración de Barbosa aún no ha dado cuenta de ese aspecto.

En todo caso, Andrade actualmente enfrenta un juicio por la Ruta del sol 2. En él ha sido testigo incluso el expresidente Juan Manuel Santos, así como un conjunto de exfuncionarios de la ANI a quienes la defensa de Andrade llamó. La sorpresa de ese caso llegó cuando buena parte de tales testigos, incluyendo a la exministra Cecilia Álvarez, luego fue llamada a imputación.

El juez de esa causa aseguró que es “sospechoso” que se haya ejecutado tal procedimiento. “Es una falta de respeto lo que está haciendo la Fiscalía”, aseveró el año pasado, cuando también señaló que no recibirá presiones del ente acusador. “¿Qué necesidad hay de llamar a los testigos de la defensa a imputación cuando todavía no ha culminado este proceso?”, cuestionó.

Los llamados parecen una manera de que la Fiscalía, como subraya casi siempre en sus comunicados de prensa, “hable con resultados”. Pero ese método de operar, a partir de anuncios de imputaciones y audiencias de lo que describen como un mero acto comunicativo, no es conciso frente a lo que esperan el mismo ente acusador y la ciudadanía en general: sentencias definitivas.

De todos modos, Barbosa deja algunos casos con más certezas de las que pudo conseguir con Odebrecht. Por ejemplo, el estadounidense John Poulos parece ser firme candidato a recibir una condena este 2024 por el feminicidio de la joven DJ Valentina Trespalacios. La Fiscalía de Barbosa fue bastante diligente al llevar al percusionista extranjero ante la justicia.

Pero incluso esa loable labor ha sido fuertemente cuestionada por personas expertas penalistas, pues el inicio del proceso fue marcado por el pie izquierdo, al no ofrecerle al norteamericano a alguien que traduzca correctamente la terminología técnica del derecho colombiano, un aspecto que tiene todo que ver con sus garantías procesales y sus derechos fundamentales.

La presunta vulneración de principios fundamentales, traducida en excesos para conseguir golpes mediáticos, fue visible en más de una ocasión. Una de las más recientes fue la captura de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, y de su expareja, Daysuris Vásquez Castro. Ambos fueron arrestados en Barranquilla y trasladados a Bogotá para recibir su imputación.

La detención ha sido vista como excesiva. Al repasar los hechos, es notable que Petro y Vásquez estuvieron en una misma sala, del búnker de la Fiscalía de Bogotá, custodiados por agentes del CTI, los mismos investigadores que trabajan para la Fiscalía para construir un proceso en su contra. Es decir, estaban resguardados por su contraparte.

Asimismo, fueron imputados en una audiencia virtual, algo que pudo suceder mientras Petro y Vásquez estaban en Barranquilla, donde, de hecho, permanecen actualmente, luego de que un juez de garantías no encontró argumentos, de parte del ente investigador, para imponerles una medida de aseguramiento intramural luego de casi una semana entera de audiencias.

El fiscal a cargo del proceso contra Petro, quien ha sido denunciado por él y su defensa por ejercer presiones, es el mismo que llevó a un buen puerto otro caso emblemático, el del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Mario Andrés Burgos Patiño, entre otros avances, consiguió que en diciembre del año pasado un juez avalara un principio de oportunidad para el cerebro del crimen.

El contraste de lo exitoso del caso reposa en los señalamientos que expertos hacen contra Burgos Patiño, pues su costumbre, que nunca ha sido reprochada por su superior, Francisco Barbosa, es buscar una compulsa de copias para adelantar procesos disciplinarios contra abogados defensores, como estuvo a punto de ocurrir en el caso de Petro, si no fuese por la intervención de la Corte.

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Lo cierto es que la faena aparentemente triunfante en casos de renombre desentona en otros con igual o mayor connotación nacional, como el del expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos. Dos juezas y un tribunal han reprochado la pobre labor investigativa de la Fiscalía de Barbosa, que ha descartado pruebas e ignorado hechos que podrían evitar una mera preclusión.

Y es cierto que no existe alguna figura que obligue a la Fiscalía a acusar a un ciudadano. De hecho, el mismo tribunal que negó la preclusión buscada por el ente investigador rechazó las pretensiones que, a través de una tutela, el senador Iván Cepeda intentó expresar con el fin de que se forzara a la Fiscalía a llamar a juicio al líder natural del Centro Democrático.

Pero no es menos verdadero que las sugerencias de la justicia van encaminadas a que se efectúe un mejor debate de los elementos recaudados hasta ahora, lo que podría ocurrir, precisamente, en un juicio oral y público, como lo señaló el Tribunal de Bogotá, con ponencia del magistrado Carlos Andrés Guzmán, en octubre del año pasado.

El balance de los cuatro años de Francisco Barbosa tiene un mes para terminar de redondear números. Todo indica que será un mes con más tensiones políticas, más golpes mediáticos, más recriminaciones de la justicia y de la academia, más oposición política y más paciencia de cara a la elección de su sucesora, quien tendrá que llevar a un término adecuado varios expedientes clave.

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