Durante casi ocho horas, la Fiscalía y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz asistieron a una audiencia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Ante esa instancia, ante Rodrigo Londoño (Timochenko) y ante voceras del Partido Comunes, respondieron, junto a otras entidades, por la protección a los excombatientes de las extintas Farc por el panorama de violencia en el que viven.
El llamado para Danilo Rueda, Martha Mancera y Gloria Cuartas, entre otros delegados, llegó porque entre diciembre de 2016 y mitad de septiembre de este año fueron asesinados 397 excombatientes, formalmente llamados comparecientes forzosos ante la JEP, según las cifras del mecanismo de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento, que había ordenado medidas cautelares para los exFarc, citó a las entidades a una audiencia pública para hacerle seguimiento a esas medidas, que buscan garantizar la seguridad y la vida de los exguerrilleros que comparecen a la justicia transicional aportando verdad y mecanismos de reparación.
Inicialmente, los citados eran Francisco Barbosa y Danilo Rueda. Sin embargo, en la esquina de la Fiscalía quien asistió como delegada fue Martha Mancera junto al director de la Unidad Especial de Investigación, Hernando Toro Parra. A esa sección del ente acusador la Corte Constitucional la semana pasada le envió copia de un auto en el que reitera el estado de cosas inconstitucional en materia de seguridad para excombatientes, así como ordena priorizar la investigación de los crímenes contra ellos.
El comisionado de paz, por su parte, presentó una excusa que la JEP rechazó, por lo que ordenó su asistencia de manera virtual. En varios momentos, argumentando estar en Suárez (Cauca) adelantando acercamientos con el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, Rueda tuvo problemas de internet. El rol de Rueda y de Mancera fue explicar qué estaba haciendo el Gobierno para lograr el desmantelamiento de las organizaciones criminales del país, pues estas han estado detrás de gran parte de los homicidios de los firmantes de paz.
La audiencia estuvo presidida por el magistrado Raúl Sánchez y la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo. Ante ellos, Rueda tomó la palabra para decir que una de las prioridades del gobierno Petro ha sido reactivar mecanismos para desmantelar estructuras criminales, algo que se ha construido a partir de buscar consensos en las regiones.
"La Fiscalía dará fe de la construcción de consensos en medio de las diferencias. No hemos ahorrado un solo esfuerzo, un solo día en reconocer que el acuerdo de paz del Teatro Colón es la columna vertebral de la política de paz", indicó el funcionario mientras el audio de su intervención se entrecortaba. Señaló, además, que de manera reservada puede entregarle pruebas a la JEP de su misión como intermediario con grupos armados ilegales.
La vicefiscal Mancera, por su parte, pidió una mejor articulación entre el Gobierno y el ente investigador. En ese sentido, expresó que actualmente su entidad tiene 431 órdenes de captura vigentes contra personas que han propiciado la violencia contra los excombatientes, pero no se han hecho efectivas por falta de coordinación con otras instancias del Estado.
“Cada una de las dependencias del Estado debería venir a esta audiencia a decir cuál es su articulación para poder decir si realmente le estamos dando la garantía de acceso efectivo a los derechos que tiene cada firmante de paz, sobre garantías de no repetición”, mencionó la vicefiscal general, quien luego se retiró apuntando que estaba desempeñando labores de fiscal general y tenía tareas por cumplir.
Mancera agregó que la Fiscalía no ha podido ingresar a varios territorios en los que debe realizar actos urgentes. "Miremos lo que pasó en Tierralta y en Tuluá, donde los jueces son amenazados. Estas son zonas urbanas donde en anteriores años, en medio de una situación compleja, igual podíamos entrar", subrayó la funcionaria del ente acusador.
Las respuestas de las entidades citadas no llenaron las expectativas de la magistratura, que cuestionó algunos planteamientos. Por ejemplo, el magistrado Gustavo Salazar recalcó que las disidencias causan desplazamientos forzados de excombatientes y amenazas hacia ellos, todo mientras el Gobierno sigue explorando canales de diálogo.
"Lo que vemos es que el Estado Mayor Central son los responsables de un número importantísimo de crímenes y no pasa nada. Ellos siguen matando, siguen desplazando y eso no tiene consecuencias en términos del diálogo. Lo que está realizando esa agrupación son, en esencia, crímenes de lesa humanidad", llamó la atención.
"No puede pasar que el proceso de paz con el EMC o disidentes se haga sobre la muerte de firmantes de paz. La paz total tiene que ser absolutamente integral", añadió el togado, quien luego le dio paso al juez Raúl Sánchez.
Sánchez, a su turno, reparó que las contestaciones del Gobierno sean solo pedidos sin ningún tipo de poder efectivo. "Eso de andar exhortando a criminales suena muy bonito, pero es muy ingenuo. Eso de exhortos sin la presencia del Estado es muy complicado", expresó el magistrado, que sentenció: "¿Cuántos compromisos ha alcanzado con estas organizaciones de no atentar contra la vida de los firmantes del acuerdo de paz? Exigir algo y quedarse en el papel no es nada".
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