La convocatoria del presidente Gustavo Petro a una movilización nacional el 7 de enero de 2026 ha abierto un debate que trasciende la defensa de la soberanía para adentrarse en el terreno pantanoso de la estrategia electoral. Mientras cientos de colombianos atendieron el llamado en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Bucaramanga, Pereira y Cúcuta, analistas políticos advierten sobre las implicaciones de esta decisión en un año crucial, donde se definirá el futuro político del país.

¿Marcha con fines políticos?

Jaime Wilches, analista político de la Universidad Politécnico Grancolombiano, plantea una lectura crítica del momento elegido por Petro para realizar esta convocatoria: “Si bien las amenazas del presidente Donald Trump a Colombia violan la soberanía de nuestro país, es imprudente que Gustavo Petro haya convocado a una movilización, pues esta terminará siendo interpretada, por muy buenas intenciones que se tengan, como un momento para capitalizar oportunismos políticos en vista de las elecciones que se vienen en mayo”. 

Esta perspectiva cobra especial relevancia cuando se analiza el calendario político colombiano. Las elecciones legislativas están programadas para el 8 de marzo, mientras que la primera vuelta presidencial se celebrará el 31 de mayo, con una eventual segunda vuelta el 21 de junio. En este contexto, cualquier movilización masiva convocada por el gobierno en funciones inevitablemente será leída a través del prisma electoral.

Se podría interpretar como apoyo a Maduro

La preocupación de Wilches no se limita a la instrumentalización política interna. El analista advierte sobre otro riesgo igual de grave: “Por otro lado, se verá como un apoyo explícito al régimen dictatorial de Maduro”.

Esta percepción resulta particularmente problemática en un momento en que la comunidad internacional observa con lupa los posicionamientos de los gobiernos latinoamericanos frente a la situación venezolana, especialmente tras la operación militar estadounidense del 3 de enero que resultó en la captura del mandatario venezolano. 

La movilización también enfrenta otro obstáculo significativo: la fatiga ciudadana ante las convocatorias masivas. Wilches señala que “la marcha no tuvo tampoco un gran eco porque estamos en una época donde es costumbre que la sociedad colombiana no tienda a movilizarse”. Esta apatía social, combinada con el momento político específico, crea un cóctel que podría resultar contraproducente para los objetivos del gobierno.

División en el progresismo

Más preocupante aún es la fractura que esta convocatoria podría generar dentro del propio espectro progresista. “Aún en los sectores moderados de la izquierda en Colombia se va a entender que esta marcha cae en un mal momento porque inevitablemente va a ser interpretada como un apoyo a la coyuntura que está viviendo el régimen dictatorial de Nicolás Maduro”, advierte el analista.

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La solución que propone Wilches pasa por una vía institucional más tradicional: “Si el presidente Petro tiene como objetivo central salvaguardar la soberanía del Estado colombiano, debe acudir a los canales diplomáticos y a los organismos internacionales para que estos sean los que logren contener al presidente Donald Trump y sus ambiciones de poder o sus declaraciones imprudentes”. 

La nueva agenda política

María Alejandra Santos, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Pontificia Bolivariana, ofrece una lectura que sitúa la crisis venezolana como el eje central de las elecciones, hasta el punto que este tema y Trump podrían monopolizar el debate político.

Santos identifica cómo el gobierno colombiano está “movilizando ciertos sectores políticos y sociales para ejercer, digamos, un derecho a la soberanía” en respuesta a las declaraciones del gobierno estadounidense.

Sin embargo, su análisis va más allá de la coyuntura inmediata para proyectar las implicaciones de largo plazo: “Este tema va a ser un tema que marque la agenda política electoral de las campañas presidencial y parlamentaria”.

La académica subraya que tanto el Gobierno como la oposición tienen incentivos claros para explotar políticamente esta coyuntura: “Es un factor coyuntural que (...) van a aprovechar para mover como esos sentimientos tanto nacionalistas como también en pro de la acción militar que tomó Estados Unidos en contra del gobierno de Venezuela”.

Esta reflexión apunta a una tensión fundamental en la política colombiana actual: la dificultad de construir consensos nacionales cuando cada acción gubernamental sea inmediatamente interpretada como una maniobra electoral.

Convocaron a marchar por redes oficiales

Denuncias realizadas en redes sociales hablan de las convocatorias realizadas para los funcionarios y contratistas del Estado donde en chats les pedían ir de manera obligatoria con la camiseta de la Selección Colombia.

La controversia alcanzó niveles adicionales cuando investigadores incluidos en las bases de datos del Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación denunciaron haber recibido invitaciones a la movilización por parte de esa entidad gubernamental, a través de correos de atención al usuario. Este tipo de acciones alimenta las narrativas sobre el uso de recursos y estructuras estatales para fines políticos.

“Parece que Minciencias solo se acuerda de los investigadores para invitarlos a actividades políticas con claros fines proselitistas y electoreros”, dice la denuncia de Camilo Younes Velosa, profesor de la Universidad Nacional.

Los académicos coinciden que, aunque el Gobierno Nacional tiene el derecho a convocar a las movilizaciones, usar la base de datos de Minciencias no es la forma ni el canal adecuado.

Venezuela será tema central de la campaña política

María Alejandra Santos, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Pontificia Bolivariana, advierte que los posicionamientos respecto a Venezuela marcarán “totalmente la coyuntura electoral”. Además, “a medida en que se acerque el día de las elecciones presidenciales, los candidatos y también el Gobierno van a tomar una posición para favorecer cada uno de los intereses que cada sector tiene en torno a la coyuntura que está viviendo Venezuela”.

Esta dinámica amenaza con profundizar una polarización que ya caracteriza al debate público colombiano. La tentación de instrumentalizar la crisis venezolana y las tensiones con Estados Unidos puede resultar en una campaña electoral donde los temas fundamentales del país —economía, seguridad, educación, salud— queden subordinados a posicionamientos geopolíticos. Santos dice que “vamos a ver a medida en que se acerquen el día de las elecciones presidenciales como el gobierno tomará posición para favorecer los candidatos”.

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