El proyecto para desmovilizar a las bandas narcoparamilitares del país aterrizó en el Congreso con una gabela para que cada narcotraficante que se acoja al proceso pueda quedarse hasta con 11.500 millones de pesos de su riqueza ilícita, un hecho que el fiscal Francisco Barbosa criticó duramente diciendo que sería como que cada delincuente se embolsara 2,8 millones de dólares por entrar a la paz total de Petro.

Con apenas unas horas de ser radicado ante el legislativo, al documento de 27 páginas le cayó una avalancha de críticas de la oposición y hasta de la procuradora Margarita Cabello, quien aseguró que el proyecto beneficia más a los victimarios que a las víctimas y alertó por varios artículos que, según ella, le darían impunidad a delitos graves.

Sobre esto último, el fiscal también coincidió con que el documento que fue radicado este miércoles ante el Congreso “busca que la gente salga de las cárceles como en una especie de proceso de paz cuando en realidad están en uno de sometimiento”.

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Específicamente, Fiscalía y Procuraduría le criticaron al Gobierno que continúe un artículo que especifica que quienes hayan cometido el delito de concierto para delinquir agravado podrán quedar libres con un principio de oportunidad.

Sobre los topes de dinero con los que podrá quedarse cada narco, Barbosa cuestionó por qué este proyecto ofrece hasta el doble de lo que está en la Ley vigente.

“Los topes que había de 5.000 millones los subieron a 11.000. Es decir, usted se embolsa 2,8 millones de dólares por entrar a la paz total. Es importante que se acomode a como está actualmente en el Código de Extinción de Dominio. Que el Gobierno me explique por qué pasaron de 1 millón de dólares a 2,8”, aseveró Barbosa.

Narcos tendrán 8 años de cárcel

El otro de los beneficios claves para los ilegales que se sometan a este proyecto es que tendrán penas de entre 6 y 8 años de cárcel y 4 años más de libertad condicional mientras reparan a las víctimas.

Eso significa que, sin importar los delitos que hayan cometido, el Estado les reducirá esa pena a cambio de entregarse, confesar sus delitos, entregar el 94% de sus bienes y reparar a los afectados por sus acciones.

Todo esto, según explicó el ministro del Interior, Alfonso Prada, cobijará a todos las estructuras armadas de alto impacto que no gocen de carácter político, pues guerrillas como el ELN y las disidencias del Estado Mayor Central ya están en negociaciones de paz que tienen un trato distinto.

Las objeciones del fiscal

Antes de llegar al Congreso, el proyecto de sometimiento pasó por el Consejo de Política Criminal que le puso varias objeciones del fiscal, la Procuraduría y otras autoridades.

Sobre ese punto, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que su cartera acogió la mayoría de sugerencias que presentó el Consejo, una movida que, en la práctica, también acelera su paso por el legislativo.

“A diferencia del texto original, este documento contiene un robusto capítulo de protección de derechos de las víctimas, amplía los términos de la investigación judicial y le asigna las investigaciones a la dependencia interna que el fiscal general determine”, dijo Osuna.

Pese a eso, el fiscal Barbosa dijo que no está contento con el proyecto que presentaron y aseguró que “no dejará que pase” un artículo que, según él, se metería con la separación de poderes y la autonomía de la Fiscalía.

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“¿Como así que obligan a la Fiscalía a entregarle toda la información judicial, expedientes e indagaciones en el marco de los acercamientos que el alto comisionado está haciendo? ¿Dónde quedó la separación de poderes? Quiero recordarle al Gobierno Nacional que el fiscal general no es subalterno del Ejecutivo”, dijo Barbosa apenas unas horas después de que radicaran el proyecto.

Con todo eso, el fiscal y la procuradora aseguraron que la discusión se dará en el legislativo y que será allí donde ellos demostrarán lo inviable de algunas de esas propuestas.

Por ahora, el Gobierno está entre la espada y la pared por solicitar el llamado de urgencia para que el documento se debata en el Congreso lo antes posible. Si lo hace, se echaría de enemigo al fiscal que ha insistido en que el proyecto requiere del tiempo ordinario y, si no, podría tardarse demasiado en el legislativo y retrasar la paz total del presidente: su mayor apuesta política.

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