La Corte Constitucional falló a favor de una mujer transgénero y migrante venezolana que fue víctima de redes de explotación sexual tras concluir que entidades como Migración Colombia vulneraron sus derechos fundamentales al negarle una atención oportuna y someterla a tratos discriminatorios que le impidieron acceder a su tratamiento para el VIH.

Según el alto tribunal, la situación "agravó su estado de vulnerabilidad y la obligó a abandonar el país ante la falta de garantías estatales para proteger su vida y su dignidad".

El caso expone el drama de Tatiana, una joven de 23 años que ingresó a Colombia bajo engaños y terminó atrapada en una red de trata de personas que la obligó a pagar cuotas en distintas ciudades para sobrevivir. Al intentar renovar su salvoconducto para mantener su servicio de salud, funcionarios de Migración Colombia la intimidaron, se refirieron a ella con pronombres masculinos y se negaron a incluir su nombre identitario en el documento oficial.

Frente a estos abusos, la Sala Tercera de Revisión del alto tribunal concluyó que la actuación de la entidad fue "una forma de violencia simbólica e institucional que afecta directamente su derecho a la identidad de género y perpetúa mecanismos de exclusión".

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Las barreras no solo vinieron de la autoridad migratoria, pues la Cancillería demoró injustificadamente su solicitud de refugio y la Fiscalía archivó su denuncia por falta de contacto, desconociendo por completo sus condiciones extremas.

Ante esta desprotección generalizada, la corporación judicial explicó que "las omisiones de las entidades accionadas y vinculadas no solo vulneraron los derechos fundamentales de la accionante, sino que, además, reflejan fallas estructurales en el proceso de reconocimiento de la condición de refugiado".

Como medida para evitar que esta negligencia se repita, el tribunal ordenó a Migración Colombia que adopte un protocolo de atención específico para personas de la comunidad LGBTIQ+ y víctimas del delito de trata de personas.

Al respecto, la magistrada ponente, Lina Marcela Escobar Martínez, señaló que "la falta de debida diligencia de las instituciones generó que la situación de vulnerabilidad de Tatiana se prolongara en el tiempo, causando su desplazamiento por diferentes ciudades y, en últimas, su salida del país".