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El decreto por el cual jóvenes desde los 14 años recibirán un millón de pesos por dejar de delinquir
A través del Programa Jóvenes en Paz, serían subsidiados alrededor de cien mil jóvenes en todo el país, quienes recibirán orientación sociojurídica sobre los procesos penales que existan en su contra.
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Colprensa
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Martes, 17 de Octubre de 2023

A través del Decreto 1649 del 2023, expedido por el recién creado Ministerio de la Igualdad, a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez, se creó el marco legal con el cual el gobierno de Gustavo Petro implementará el polémico programa de pago de subsidios para jóvenes entre los 14 años y los 28 años de edad para que dejen de delinquir.

De acuerdo con la normativa, expedida el pasado 12 de octubre y con aplicación inmediata, se reglamenta el Programa Nacional de Jóvenes en Paz con el cual, como lo anunció el presidente Gustavo Petro hace varios meses desde Buenaventura, “serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia, por estudiar”, dijo.


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Señala el articulado que el Gobierno Nacional espera transferir un millón de pesos mensuales, en principio durante seis meses y prorrogables hasta los 18 meses, al menos a 100.000 jóvenes en zonas de conflicto, que estén priorizados como población vulnerable, en condición de pobreza, vulnerables en términos monetarios y bajo riesgo de ingresar a grupos criminales.

Advierte el decreto, no obstante, que la transferencia de esos recursos estará condicionada a que los beneficiarios no tengan en su contra órdenes de captura o medidas de aprehensión vigentes o a que estén recibiendo otro tipo de beneficios por parte de programas del Gobierno como Jóvenes en Acción y los jóvenes que resulten beneficiarios deberán estudiar y aportar a su comunidad como corresponsabilidad o trabajo comunitario por un periodo de 6 a 18 meses, “Salvo estudios secundarios y universitarios formales” en las condiciones establecidas para cada beneficiario.

Para poder acceder a este nuevo subsidio, se deben cumplir los siguientes cinco requisitos:

  1. Estar en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad en términos monetarios
  2. Tener residencia habitual en zonas rurales.
  3. Ser, haber sido o tener riesgo de ser víctima de explotación sexual.
  4. Estar o tener riesgo de estar vinculado o vinculada a dinámicas de criminalidad, violencia o reclutamiento forzado.
  5. Estar en vulnerabilidad por tener residencia habitual en territorios afectados por la violencia o el conflicto armado.

Los favorecidos recibirán también orientación sociojurídica “en relación con los procesos penales que existan en su contra o conflictos que se presenten” para que comprendan las consecuencias legales de sus actos.


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El comité directivo del programa está conformado por ocho ministerios, o sus delegados, y se suma el Alto Comisionado para la Paz y el Director de Planeación Nacional o sus delegados.

La polémica en torno al tema, considerado por algunos como ‘pagar para no delinquir’ se suscitó desde el mismo momento en que fue anunciado por el presidente Gustavo Petro. Para entonces se habían revelado solo detalles del borrador del decreto de la Presidencia de la República.

Señalaba ese borrador que los mecanismos de pago de los subsidios, que de acuerdo con el Gobierno nacional se realizaran de manera mensual: Uno de ellos es el de depósitos en productos bancarios o financieros, que consiste en la realización de transferencias en productos financieros activos mediante entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, seleccionados y contratados por Prosperidad Social para la distribución de los recursos.

Otra de las opciones es a través de giros postales y/o bancarios con entregas directas en efectivo a los jóvenes beneficiaros del Programa. Estos giros también serán vigilados por las autoridades correspondientes y que fueron contratadas por Prosperidad Social para la distribución de los recursos.

Sobre este escándalo, la vicepresidenta se pronunció al respecto indicando que se trata de una estrategia que tiene como fin prevenir más hechos violentos en el país y en el que no están involucrados. “No, yo creo que esa es una visión equivocada, porque si la juventud tuviera oportunidad en este país, independientemente del lugar a donde haya llegado, no estarían llegando hacia allá (hacia las bandas criminales)”, sostuvo en su momento Márquez.

Además, agregó que: “Entonces, esta es una política para prevenir la violencia, para prevenir el asesinato. ¿Cuántos jóvenes perdemos en este país cada fin de semana? Entonces buscamos prevenir la violencia y, sobre todo, que la juventud tenga oportunidad”.

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