Denominado el "Día Cívico para la Participación Ciudadana”, el presidente Gustavo Petro reglamento el cese de actividades para las manifestaciones en favor de las reformas sociales.
El decreto número 302 del 2025 señala como argumento que este día cívico es para permitir un “espacio democrático para que la ciudadanía, en ejercicio de sus derechos fundamentales, pueda expresar de manera pacífica, libre y voluntaria en las calles para lograr el cumplimiento de los fines sociales que persiguen esas reformas”.
El documento señala que esta suspensión de actividades laborales del 18 de marzo solo aplica a los trabajadores de la Rama Ejecutiva del orden nacional, de los niveles central y descentralizado.
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Sin embargo, aclara que las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas, a los entes autónomos y a las Ramas del poder legislativo y judicial, y la ciudadanía en general “serán autónomas de decidir si establecen como día no hábil el 18 de marzo de 2025, en el marco del Día Cívico para la Participación Ciudadana”.
Esto significa que los alcaldes y gobernadores tendrán total autonomía para decidir si se cumple el día cívico o deciden cumplir sus funciones laborales normalmente.
