La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó este viernes a 123 meses y un día de prisión al exmagistrado José Leonidas Bustos por los delitos de concierto para delinquir y cohecho propio, al determinar que utilizó su posición para concertar una organización criminal que manipulaba procesos judiciales a favor de aforados a cambio de gruesas sumas de dinero.

Junto con la condena, la Corte ordenó su captura internacional, a través de una circular roja de Interpol y le impuso una multa de $133.738.170, negándole cualquier mecanismo sustitutivo de libertad condicional o prisión domiciliaria.

La providencia judicial detalló cómo la organización operó como una verdadera empresa delictiva en las más altas esferas de la justicia colombiana. El tribunal concluyó que Bustos Martínez se alió con el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, el togado Gustavo Enrique Malo Fernández y abogados litigantes como Luis Gustavo Moreno Rivera y Leonardo Pinilla, con el claro objetivo de abordar a parlamentarios procesados en única instancia por la Corte Suprema.

El fallo explicó que, a cambio de los sobornos, la red ofrecía intervenir ilegalmente para obtener beneficios procesales como archivos, autos inhibitorios, preclusiones, dilación de trámites y bloqueos en la expedición de órdenes de captura.

Los millonarios pagos de la parapolítica

En el expediente se documentó que los senadores Musa Besaile y Álvaro Antonio Ashton pagaron $2.000 millones y $1.200 millones, respectivamente, para desviar las investigaciones por sus nexos con el paramilitarismo, las cuales cursaban en el despacho del entonces magistrado Gustavo Malo.

El exfiscal anticorrupción y testigo estrella, Luis Gustavo Moreno, relató que Ricaurte le daba instrucciones precisas sobre los cobros. “Cóbrele 1.200.000.000 de pesos que es para un archivo, ya yo he hablado con él”, detalló Moreno sobre las exigencias a Ashton, añadiendo que la división de tareas era clara porque “Pacho se encargaba de hablar con el magistrado y ese era el compromiso”.

Por su parte, la organización presionó a Besaile para forzar el desembolso. Moreno le advirtió al congresista que el caso de un colega suyo ya había derivado en cárcel y le recalcó que “tenía problema y que si no se ponía las pilas iba a terminar muy mal”.

Ante la millonaria exigencia y la falta de resultados inmediatos, el excongresista reaccionó exigiendo garantías directas de las cabezas de la red, señalando tajantemente que “yo quiero hablar es con el dueño del circo, no con los payasos”.

El rol de bustos y los repartos en efectivo

Aunque el exmagistrado Bustos intentó desmarcarse de las actuaciones del grupo, la Corte probó una cercana relación con Moreno Rivera, evidenciada en reuniones a altas horas de la noche y negocios de vehículos. El tribunal dio por probado que los beneficios de la actividad criminal se distribuían en fajos de billetes y bienes suntuarios.

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La justicia determinó que Bustos recibió de manos de Moreno $200 millones en efectivo, producto de los pagos ilícitos de los congresistas. Además, Moreno confesó que parte de los sobornos se destinó a lujos personales del togado.

“A veces se hacían compras, por ejemplo, yo recuerdo que al doctor Leonidas una vez me pidió un reloj”, confesó el testigo, hecho que respaldó el empleado de la joyería Cartier, Yeison Ricardo Pérez, quien identificó plenamente a Bustos como el hombre "calvo y gordo" a quien Moreno llamaba "profe" durante la compra en efectivo de un reloj valorado en cerca de 43 millones de pesos.

El abogado Vadith Orlando Gómez corroboró las visitas clandestinas al señalar que acompañó a Moreno a entregar maletines en el apartamento de Bustos en el sector de Ciudad Salitre, indicando que el trato entre ambos demostraba que "tenían una excelente relación".

Testimonios que hundieron al exmagistrado

El alto tribunal valoró múltiples declaraciones que dejaron al descubierto la manipulación de los expedientes. El exmagistrado auxiliar José Reyes Rodríguez Casas, quien investigaba la parapolítica en el despacho de Malo, relató cómo fue despedido por su insistencia en emitir órdenes de captura contra los clientes de la red. “El caso de Álvaro Ashton está para abrir investigación”, advirtió Reyes a su superior, revelando que su salida se dio porque no era funcional a los intereses del cartel.

Rodríguez Casas detalló además el dominio interno de los implicados, puntualizando que “son como grupos, son ellos: Bustos, Malo y Francisco Ricaurte”, evidenciando el bloque de poder que controlaba los fallos.

De manera paralela, el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons ilustró el voraz apetito de la red criminal. Lyons declaró que el exmagistrado Camilo Tarquino le exigió "veinte mil millones de pesos para que se le acabaran todos sus problemas jurídicos" en la Fiscalía, asegurándole irónicamente que no se preocupara porque Leonidas Bustos "tenía injerencia y poder suficiente para resolver su tema".

Durante la fase de juicio, Bustos argumentó su absoluta inocencia alegando que las pruebas de la Fiscalía fueron fabricadas, tildó de testigo falso a Moreno y aseguró que no existía lógica temporal en la factura del reloj Cartier.

Sin embargo, la Sala desestimó sus justificaciones, validó las grabaciones obtenidas por la agencia estadounidense DEA y halló plena coherencia en el acervo probatorio, aunque absolvió al procesado del delito de tráfico de influencias al no hallar evidencia directa de presiones sobre el entonces Fiscal General.

La Corte concluyó que la conducta del exmagistrado causó un incalculable perjuicio reputacional a la justicia, agravado por su posición privilegiada como expresidente de la corporación. Como medida de restablecimiento del derecho, le ordenó difundir a su costa un resumen de la sentencia en medios de comunicación durante los próximos tres meses.

Finalmente, el tribunal ordenó compulsar copias a la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía para rastrear los bienes que Bustos obtuvo como producto de las actividades ilícitas y solicitó investigar su presunta participación en otros casos de corrupción vinculados a la misma red criminal.

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