La representante a la Cámara Karen Astrith Manrique Olarte se entregó en las últimas horas a las autoridades luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia emitiera una medida de aseguramiento en su contra dentro de una investigación relacionada con presuntas irregularidades en la gestión de contratos públicos.
La congresista se presentó voluntariamente ante agentes de la Sijín en el municipio de Tame, en el departamento de Arauca. Su abogado, Andrés Garzón Roa, confirmó la entrega y rechazó versiones que señalaban que la dirigente política habría salido del país para evitar a la justicia.
Según explicó el jurista, Manrique permanecía en territorio colombiano y no había viajado recientemente al exterior. En ese sentido, desmintió rumores que sugerían que la congresista se habría desplazado a Venezuela tras conocerse las actuaciones judiciales en su contra.
No obstante, fuentes cercanas a la Corte Suprema indicaron que la ponencia que ordena su captura aún no estaría firmada. Mientras tanto, las autoridades avanzan en los procedimientos logísticos para que el también congresista Wadith Manzur comparezca ante las autoridades en el marco del mismo proceso.
Días antes de presentarse ante la Sijín, la parlamentaria había enviado una comunicación formal a la Corte Suprema en la que manifestaba su disposición de atender cualquier requerimiento judicial. En esa carta entregó direcciones y datos de contacto tanto en Bogotá como en Arauca para facilitar su ubicación.
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La entrega se produce pocos días después de que Manrique lograra su reelección al Congreso en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep). En los comicios del pasado 8 de marzo obtuvo 5.640 votos, convirtiéndose en la candidata más votada de la circunscripción número dos.
¿Por qué investiga la Corte Suprema a la congresista Karen Manrique?
El nombre de la congresista apareció en las declaraciones de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien rindió testimonio ante la Sala de Instrucción dentro de la investigación sobre presuntas irregularidades en la asignación de proyectos vinculados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
De acuerdo con los magistrados, el material probatorio recopilado durante la fase investigativa sugiere que los implicados podrían haber incurrido en el delito de cohecho impropio. En el proceso también es mencionado el congresista Wadith Manzur.
El pronunciamiento judicial incluye además a los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya y Julián Peinado Ramírez, así como al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera. Todos continúan vinculados al expediente, aunque seguirán en libertad mientras avanza el trámite en la Corte Suprema.
Durante sus declaraciones ante el despacho del magistrado Misael Rodríguez, Benavides afirmó que intercambió mensajes con varios de los políticos mencionados para informar sobre el estado de determinados proyectos. “Yo se lo envié (información) al representante Wadith Manzur por WhatsApp, al senador Juan Pablo Gallo por Signal y a la representante Karen Manrique por WhatsApp”, relató.
Al ser consultada por el magistrado sobre las razones para compartir información únicamente con ellos, la exfuncionaria explicó que eran quienes le habían entregado previamente datos sobre iniciativas específicas y quienes insistían en conocer su avance durante la última semana de sesiones de la Comisión Interparlamentaria.
