La tragedia que padeció la familia de la niña Stefanía Villamizar, quien falleció tras contraer un parásito en una piscina durante un viaje a Santa Marta, no fue suficiente para convencer al Congreso de la República. El proyecto de ley que llevaba su nombre y buscaba mejorar los estándares sanitarios en piscinas y jacuzzis del país fue finalmente archivado.

La iniciativa, conocida como la ‘Ley Stefanía’, pretendía actualizar y fortalecer la Ley 1209 de 2008, que regula el uso de estos espacios de recreación.

El caso de la menor evidenció graves vacíos en esta normativa: aunque la ley actual exige la presencia de un salvavidas y un flotador, no establece controles rigurosos sobre la calidad del agua ni exige pruebas microbiológicas periódicas.

“Con el dolor en el alma, debo informar que el proyecto trastabilló”, lamentó Tatiana González, madre de Stefanía y principal impulsora del proyecto. “Ver morir a mi hija por un parásito que entró por su nariz mientras nadaba y atacó su sistema nervioso central es algo que ninguna familia debería experimentar. Hoy es doloroso ver que esta iniciativa, que podría salvar vidas, no pasó”.

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La propuesta, presentada por el senador Gustavo Moreno, contemplaba lineamientos más estrictos para el mantenimiento y vigilancia de piscinas, jacuzzis y aguas termales, tanto públicas como privadas. Su objetivo era prevenir la proliferación de bacterias, amebas y otros microorganismos peligrosos para la salud.

“El hundimiento de la ‘Ley Stefanía’ deja un sabor amargo en quienes vimos en esta tragedia una oportunidad para transformar las normas en beneficio de la gente. Para mí, el archivo del proyecto es también un llamado de alerta sobre la lentitud del sistema legislativo frente a los temas que afectan directamente la vida y la salud de los colombianos”, dijo la madre de la menor fallecida.

¿Por qué se hundió?

A pesar de los consensos alcanzados en el Senado y del respaldo de sectores sociales y turísticos, la ‘Ley Stefanía’ colapsó en su último trámite en la Cámara de Representantes.

Se presume que esta iniciativa, a la hora de la verdad, habría sido víctima de bloqueos políticos, conceptos negativos y de los tiempos apretados del calendario legislativo.

En el Senado, la propuesta avanzó con relativa fluidez. En sus dos primeros debates se lograron consensos clave gracias al trabajo articulado entre los ponentes y actores del sector, como Cotelco, Asocajas y Acolap. Incluso, en plenaria, se conformó una comisión accidental que allanó el camino para su aprobación.

En la Cámara de Representantes también hubo avances. El tercer debate fue aprobado sin contratiempos, con el apoyo decidido de los representantes ponentes Alexandra Vásquez y Víctor Manuel Salcedo. Sin embargo, el panorama cambió abruptamente en el cuarto y último debate: el presidente de la Comisión Séptima, Jaime Raúl Salamanca, no agendó el proyecto a tiempo, lo que generó una dilación crítica.

A este escenario se sumaron dos obstáculos: por un lado, la Gobernación del Tolima radicó un concepto negativo, argumentando impactos económicos sobre los operadores turísticos; y, por el otro, el Ministerio de Hacienda emitió un concepto igualmente desfavorable, advirtiendo las implicaciones fiscales del proyecto.

Aunque el texto fue aprobado en cuarto debate, ya no había margen para surtir el trámite de conciliación, obligatorio antes de su sanción presidencial. El tiempo jugó en contra y, por términos legislativos, fue archivado.

Y aunque así se cerró el camino de la ‘Ley Stefanía’, una iniciativa que nació del dolor de una familia y que pretendía llenar vacíos normativos en la vigilancia sanitaria de piscinas, Tatiana González, la madre de la menor, promete volver a radicarla y no descansar hasta tanto el laberinto político del Congreso se desenrede.

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