La Fiscalía General de la Nación declaró fundado el impedimento manifestado por el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Arias Duque, y ordenó apartarlo de la investigación penal contra la embajadora Laura Camila Sarabia Torres, tras confirmarse la existencia de una amistad íntima y prolongada de más de dos décadas entre el funcionario judicial y el abogado defensor de la indiciada, José Fernando Reyes Cuartas.
El expediente busca establecer la responsabilidad penal de la actual Embajadora de Colombia ante el Reino Unido por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, proceso originado en la denuncia de su exniñera, Marelbys del Carmen Meza Buelvas. La denunciante aseguró que el 29 y 30 de enero de 2023 fue sometida a "actos arbitrarios y tratos humillantes" durante una prueba de polígrafo realizada en la Jefatura de Protección Presidencial.
El conflicto de intereses quedó en evidencia luego de que Sarabia Torres designó a José Fernando Reyes Cuartas como su apoderado el 16 de diciembre de 2025. Ante esta designación, el fiscal Arias Duque informó a su superior jerárquico sobre la imposibilidad ética y legal de continuar al frente del caso.
En el documento de sustentación, Arias Duque reveló que entre él y el litigante Reyes Cuartas "existe una amistad cercana e íntima hace más de veinticinco años". El funcionario detalló que dicha relación se forjó a partir de "vínculos regionales", al ser oriundos de la misma zona del país, y se consolidó mediante la "participación conjunta en diversos escenarios sociales y del ejercicio profesional".
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La Fiscal General, Luz Adriana Camargo Garzón, validó los argumentos del fiscal delegado y señaló que el vínculo descrito "trasciende el ámbito meramente profesional". En la resolución firmada el 29 de enero de 2026, el ente acusador concluyó que mantener al funcionario en el caso comprometería su "imparcialidad y objetividad", dado que la relación es de tal grado que permitiría inferir una influencia determinante en sus decisiones.
Arias Duque explicó en su escrito que solicitó apartarse del conocimiento del caso "con el propósito de salvaguardar la independencia, objetividad, imparcialidad y transparencia en la administración de justicia". La entidad acogió la solicitud amparada en la causal 5 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004.
La Fiscalía resolvió remitir el expediente "a la siguiente Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia que por reparto corresponda". Asimismo, el despacho ordenó que el nuevo fiscal asuma el conocimiento por asignación especial en caso de que la indiciada pierda el fuero constitucional en el futuro.
El cambio de investigador implica que el nuevo fiscal asignado deberá estudiar el proceso desde cero para tomar decisiones de fondo, hecho que reinicia los tiempos de evaluación jurídica en la investigación contra la alta funcionaria.
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