La controversia suscitada por la presunta muerte de varios menores de edad en medio del bombardeo efectuado por las Fuerzas Militares en contra del líder de las disidencias de las Farc, alias ‘Gentil Duarte’, reabrió el debate sobre la cruda realidad que ellos viven en la guerra, en la que están inmersos entre el reclutamiento y los bombardeos.

El debate tomó fuerza este miércoles tras la denuncia recogida por el exconcejal Holman Morris y el senador Roy Barreras, quienes informaron que en medio del bombardeo, en inmediaciones del municipio de Calamar (Guaviare), habrían muerto una menor de 16 años y al menos cinco niños más, que están en la morgue en proceso de identificación.

Sin embargo, esta versión fue desmentida por el Ejército, que aseguró que si bien el objetivo era dar con el paradero de uno de los disidentes más peligrosos del país, se ciñeron a los lineamientos del Derecho Internacional Humanitario (DIH), y en medio de la operación dieron de baja a 10 integrantes de esta estructura criminal. Además, anunciaron que encontraron a dos menores que resultaron heridos y que fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

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Esta versión fue corroborada por el Hospital de San José del Guaviare, que manifestó que entre el 2 y el 4 de marzo “ingresaron al servicio de urgencia dos menores de edad de 16 y 17 años, a los cuales se les brindó atención”, pero que ya fueron dados de alta y fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Respecto de la denuncia que hicieron los senadores, será el Instituto Nacional de Medicina Legal quien confirme, no solo la identidad de las personas que fallecieron en la operación adelantada, sino también si eran menores de edad. Cabe mencionar que el órgano forense tiene en su poder 10 cuerpos que allegaron a sus instalaciones días después de ocurrida la operación.

Investigan

Por su parte, la Fiscalía confirmó que un equipo especializado se encuentra en la zona y con base en lo que hallaron en terreno abrieron una investigación que se encuentra bajo etapa reservada. Si bien, las autoridades están adelantando acciones con el fin de identificar si existió alguna irregularidad en medio de las operaciones, se abre nuevamente la inquietud sobre la forma en la que los menores están siendo instrumentalizados en el mundo de la guerra.

La situación de San José de Guaviare se suma a la ocurrida en Caquetá, en 2019, en la que perdieron la vida siete menores entre los 12 y 17 años de edad, y pese a que en esta ocasión el ministro de Defensa, Diego Molano, ha asegurado que los lineamientos de las operaciones se registraron bajo el estricto régimen de los derechos humanos, puso en tela de juicio el papel de los menores en la guerra.

A juicio del alto funcionario, las disidencias de las Farc han convertido a los menores de edad en “máquinas de guerra”, debido al reclutamiento forzado que han ejercido en las zonas alejadas en las que hacen presencia.

Para Molano, la instrumentalización de los menores en la guerra no debe desviar la atención de los hechos, ya que esta situación, a su juicio sistemático, ha dejado que el grupo al margen de la ley use a los menores de edad como escudo o sean los responsables de los asesinatos de líderes sociales y daños al medio ambiente.

¿La parte débil en la guerra?

El recién posesionado Ministro con sus señalamientos puso sobre la mesa interrogantes sobre ¿Cómo está el reclutamiento de menores en el país?, además de ¿si un niño es un combatiente? y bajo esta línea ¿si se puede bombardear un campamento en donde se sabe que hay presencia de esta población?

Respecto de lo anterior, hay que decir que el reclutamiento de menores aumentó un 15,1 % del año 2019 al 2020, según un informe revelado por el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la Coalición contra la vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (COALICO). Las cifras dan cuenta que hubo al menos 222 víctimas en 67 hechos, en 21 departamentos del país.

COALICO no es el único organismo que ha estudiado este fenómeno, pues para el mismo período la Defensoría del Pueblo dijo que documentó 87 casos en 16 departamentos, especialmente en la zona rural. En el cual, las Disidencias de las Farc, en cabeza de ‘Gentil Duarte’ son los mayores reclutadores con 54 casos, seguidos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con seis.

Por su parte, el Ejército en cabeza del general Eduardo Zapateiro, dijo que desde 2018 hasta la fecha, se han recuperado 1207 menores de edad, de los cuales 158 hacían parte de las Disidencias.

Las cifras reveladas por los organismos da cuenta que las estadísticas de reclutamiento de menores en el país genera alerta, teniendo en cuenta que, como lo dijo la directora del ICBF, Lina María Arbeláez, “estos son y serán sujetos de especial protección y nuestra obligación es protegerlos y sacarlos de la guerra”.

Y si bien la alta funcionaria resaltó que se les debe garantizar integridad a los menores de edad, para la docente de la Universidad Javeriana Yadira Alarcón, los hechos en contra de los niños en el flagelo de la guerra no es otra cosa que una victimización por cuenta de los tratos crueles que estos experimentan.

“Los que llaman combatientes, son en realidad niños que son víctimas del reclutamiento forzado, los cuales son llevados a sus campamentos no solamente para ser soldados, sino para ejecutar labores como cargar armas, mensajería, cocina o cualquier actividad. Estos niños también son reclutados para delitos sexuales e, incluso, para contraer matrimonios a la fuerza”, expresó la docente.

Para la catedrática, es claro que además de la vulneración como persona, los grupos al margen de la ley que reclutan menores generan un rompimiento de lazos sociales y familiares, dado que desde pequeños se tienen que enfrentar a la ausencia de sus padres y evitar situaciones que debe tener un menor de edad en esa época de la vida.

Alarcón resaltó que “los niños que son reclutados por estos grupos armados, así hagan parte de las fuerzas al margen de la ley, son víctimas del conflicto armado, ya sea que hayan sido reclutados de forma directa o por las condiciones económicas de vulnerabilidad”.

La docente destacó una jurisprudencia de la Corte Constitucional en la que señala que todo menor de 18 años es víctima del conflicto armado, aunque cometa ilícitos dentro de las filas, esto es debido a que no tiene elección, es decir, ellos tienen que cumplir las órdenes de quienes los están sometiendo.

Por último, bombardear menores o atacarlos representa para Iván Cancino “cambiar la responsabilidad”, porque el Estado debe protegerlos siempre. “Si se bombardean pasan de ser víctimas de la guerrilla a ser víctimas del Estado”.