A dos meses de la sanción presidencial por parte de la reforma tributaria, ya son 14 las demandas que han llegado a la Corte Constitucional en contra de la totalidad de la ley o por algunos de los artículos que la complementan.

Entre los temas que más generan discusión jurídica están la posibilidad de que las empresas petroleras deduzcan de su impuesto de renta lo que pagan por regalías, lo cual fue prohibido por la reforma y el impuesto a las bebidas azucaradas, aspectos de la refoma que ya habían sido objeto de discusión en el Congreso y que ahora tendrá que dirimir la Corte.

Las primeras demandas, presentadas antes de la vacancia judicial del final del año pasado, ya fueron admitidas y están en etapa de pruebas; otras fueron presentadas en las últimas semanas. La Corte Constitucional tendrá la última palabra.

Regalías

Uno de los aspectos que provocó más controversias de la reforma tributaria fue la prohibición establecida para las empresas petroleras de deducir de sus impuestos de renta los pagos que ya hubieron hecho por concepto de regalías.

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Expertos en el tema advirtieron en ese momento que esta norma podría aumentar considerablemente la carga tributaria sobre el sector lo que lo haría menos atractivo para la inversión extranjera.  
Sobre este tema ya hay cuatro demandas ante la Corte, incluida la del abogado Juan Esteban Sanín quien asegura:

“La norma acusada vulnera frontalmente este principio constitucional por cuanto desconoce que las regalías pagadas son una expensa necesaria (realmente indispensable) para la actividad generadora de renta. Este pago constituye un prerrequisito sin el cual no se puede operar una empresa para explotar los recursos naturales, o su conservación como actividad generadora de renta se hace inviable”.

Bebidas azucaradas

Frente a la tarifa del impuesto a los alimentos ultraprocesados azucaradas, uno de los demandantes, el abogado Juan Manuel Charry asegura que este gravamen ignora a la población colombiana con menos recursos que no cuenta con alternativas viables de potabilización y tratamiento hídrico y que encuentra en el consumo de bebidas embotelladas una de las pocas alternativas sanitarias

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“Esta medida tributaria resulta regresiva e inequitativa y que afecta de manera diferenciada y desproporcional a los sectores de la población con menos recursos económicos y, por ende, con menor capacidad adquisitiva y contributiva”, argumenta la demanda.

Icetex

Una de las demandas busca que se declare inconstitucional el artículo 95 de la ley, que crea una contribución para beneficiar a los estudiantes que financian sus estudios en educación superior mediante crédito educativo reembolsable con el Icetex.

La demanda, presentada por un grupo de 10 abogados, entre ellos Enán Enrique Arrieta, fue la primera radicada en la Corte Constitucional. Ya fue admitida y está en etapa de pruebas.

Expresan los demandantes que la decisión no tuvo una discusión ni una deliberación democrática, pues “La exención al Gravamen de los Movimientos Financieros (GMF) de los desembolsos realizados por el ICETEX, no estaba incluido antes en la reforma y por tanto no fue aprobada en las comisiones económicas conjuntas terceras de la Cámara y Senado”.

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