Los 12 integrantes de la banda delincuencial, Los Kilates, estarían dispuestos a indemnizar a las víctimas del asalto cometido contra la Joyería Italiana Franco, ocurrido el pasado 23 de julio de 2024. Poco más o menos eso significa que estarían en disposición de ‘devolver’ lo hurtado o su equivalente en dinero.

Esa sería una ‘explicación’ o interpretación castiza, pero bajo la lupa legal -en ‘retribución’- tendrían aplicarles garantías procesales a quienes -como en este caso- aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía por la comisión del cinematográfico atraco al local de donde se llevaron aproximadamente $950 millones representados en joyas.

Esa hipótesis surgió este jueves 19 de junio de 2025 en desarrollo de la audiencia preparatoria. Después de casi tres horas, tanto el Fiscal Primero Especializado de Estructura de Apoyo como el Juez Décimo Penal del Circuito escucharon el común acuerdo logrado entre los acusados, quienes desde los diferentes centros penitenciaros del país donde se encuentran, participaron de manera virtual en la diligencia. Ya se habría dado el consenso entre ellos de indemnizar.

Claro, son sabedores de que con esa determinación deben recibir beneficios, más de los ya obtenidos porque -durante la imputación- los tres primeros capturados de la docena, lo habían aceptado.

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Se conectaron en Bucaramanga, la Costa e incluso desde un centro penitenciario en Cundinamarca, para escuchar la dura argumentación del ente acusador, soportada en un inmenso sumario irrebatible por la cantidad de pruebas en su contra.

 “De hecho están dispuestos a indemnizar” le reiteró una fuente a Vanguardia. Sería una reparación de millones y que, como es lógico, les representaría rebajas en la condena anunciada.

“Todos los acusados acordaron aceptar cargos”.

Pagaron recompensa por la captura

De manera reciente la Gobernación de Santander confirmó el pago de $75 millones a un ciudadano que aportó información clave para dar con los responsables del millonario atraco a la Joyería Italiana Franco.

El 22 de octubre de 2024, en un operativo conjunto desplegado en el área metropolitana de Bucaramanga, Barranquilla y Soacha, Cundinamarca, capturaron a 10 integrantes de esta organización.

Entre los detenidos figuran: Humberto Vargas Montañez, Michael Benedict Chanchi, Jesica Valenzuela (señalada como cabecilla), José Manuel Gómez, Carlos Alberto Jiménez, Lino Elkin Zárate, Ángel Gabriel Díaz, Hugo Alejandro Sánchez, Diego José Rubiano y Jonathan Rodrigo Guillín Martínez.

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El resultado fue producto de una investigación de tres meses, donde analizaron videos de más de 500 cámaras de seguridad, interceptaron 42 líneas telefónicas y cotejaron huellas dactilares, entre otras pruebas técnicas.

A todos les fueron imputados cargos por concierto para delinquir (de manera errada, porque no se ajustaba), hurto calificado y agravado, y porte ilegal de armas de fuego. Un juez les dictó medida de aseguramiento en un centro carcelario.

Meses después, fueron capturadas otras dos personas relacionadas con el caso.

Este jueves, al verificar que la aceptación fue voluntaria, consciente, libre y debidamente asesorados, el Juez emitió el sentido del fallo condenatorio quedando pendiente lo que reposa en el Artículo 447 (que podría concederles prisión domiciliaria o libertad provisional). Se viene la etapa donde se emitirá sentencia, para lo cual -si indemnizan- podrían ir por una tercera parte de la rebaja. Dependerá de la ‘oferta’.

Y es que el Artículo 447 es el “escenario procesal donde se concreta la individualización de la sanción y se realizan los juicios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de la pena, del cumplimiento de sus fines y de la procedencia de subrogados penales”.

Lo cierto es que aquí se hicieron efectivos los derechos de las víctimas, se aclaró el delito, se logró la comparecencia de los responsables, se condenó y se restablecerán los derechos de las víctimas.

El juez dirá la última palabra.

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