En la larga cadena de trabajadores que dependen de la producción del carbón en Norte de Santander, fueron los volqueteros los que este fin de semana decidieron tomarse las vías de hecho en señal de protesta por las medidas que viene tomando el Gobierno nacional sobre el sector y que comprometen la estabilidad económica de miles de familias. 

En medio de la manifestación se establecieron tres bloqueos en la salida de Cúcuta hacia los pueblos de occidente del departamento, exactamente en el kilómetro 63, sector Urimaco; kilómetro 56, sector La Alejandra, y en el kilómetro 34+700 del sector Pedregales, que generaron un fuerte traumatismo vehicular en ese corredor.

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Desde la gobernación de Norte de Santander se conformó una comisión para negociar con los manifestantes y levantar la protesta que mantenía a miles de ciudadanos, muchos de ellos viajeros que retornaban del puente festivo, atrapados en largas filas de carros. 

¿Por qué protestan?

En cuanto a las motivaciones de la protesta, los volqueteros manifiestan su preocupación por el proceso de transición hacia las energías limpias que impulsa el gobierno Petro, en este sentido, piden claridad sobre el futuro del carbón en los próximos cinco o 10 años, sobre todo por el impacto social que esto puede tener, en cuanto a desempleo, inseguridad y aumento de violencia.

Asimismo, refieren la caída en los precios y la comercialización del carbón. “Ya tener una mina no es un negocio rentable, la producción ha bajado aproximadamente en un 80 por ciento porque casi nadie quiere exportarlo”, explicó uno de los manifestantes. En relación con este punto, piden una mayor vigilancia a las empresas exportadoras existentes, toda vez  que algunas estarían manipulando los precios del transporte, “pagando fletes a tarifas irrisorias”.

Otro de los puntos claves de la protesta son los impuestos que se le vienen endosando al negocio del carbón en el departamento, como el del uno por ciento, dentro del marco de la Conmoción Interior en el Catatumbo, así como el más reciente, un 4,5% por retención de la fuente. 

A esto se suman los descuentos por  concepto de regalías, costos de facturación, impuesto bancario del 4x1.000, Industria y Comercio, además del transporte.

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En este contexto, de acuerdo con el testimonio de un productor en Salazar de Las Palmas, el costo de una tonelada de carbón de 240.000 pesos, al 29 de mayo de 2025, quedaría reducida a un neto de 141.389, con lo que se debe pagar nómina, insumos y combustibles. 

En el pliego de peticiones de la protesta, los volqueteros  también piden apoyo económico del Estado para subsidiar el sector del carbón, especialmente en momentos críticos como el que atraviesa actualmente y en el de su eventual desuso. 

De igual forma, piden garantía para los trabajadores del sector carbonero, muchos con más de 40 años, quienes vendrían enfrentando discriminación laboral, por lo que solicitan que el gobierno garantice oportunidades de empleo digno o contratación como prestadores de servicios.

Afectaciones sostenidas

Aunque hasta el momento del cierre de esta edición no se había dado un pronunciamiento oficial de parte de las agremiaciones del sector carbonero o del transporte en el departamento, miembros de los mismos sí se mostraron respetuosos de la protesta, la cual consideran plenamente justificada. 

En el caso de los carboneros, productores aseguran que vienen enfrentando una serie de afectaciones sostenidas, en su mayoría originadas por decisiones del Gobierno nacional que han impactado directamente la competitividad y estabilidad de la minería en la región.

Destacaron entre  esas decisiones la prohibición de exportación de carbón a Israel, los aumentos sucesivos en la carga tributaria y medidas ambientales como el Decreto 044 de 2024, por medio del cual se establecen criterios para que el Ministerio del Ambiente declare reservas temporales de recursos naturales, con el objetivo de apoyar el ordenamiento minero-ambiental y garantizar la gestión responsable de los recursos naturales, especialmente el agua.

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A esto se suman los proyectos de Ley Minera y Ecominerales, actualmente en trámite legislativo, que podrían significar la pérdida de más de 70.000 empleos en Norte de Santander, pero además el debilitamiento de las regalías para el departamento y la afectación directa a otras industrias que dependen del carbón, como la construcción, la cerámica, las ladrilleras, el lavado industrial de prendas y la generación de energía (termoeléctricas). 

Desde el gremio carbonero aseguran que han acudido a los canales institucionales y a mecanismos jurídicos de defensa para advertir estas afectaciones, proponer alternativas y buscar soluciones sostenibles. 

También indican que el escenario actual refleja la desconexión de ciertas narrativas gubernamentales que, al estigmatizar al empresariado, ignoran el rol fundamental que juegan las empresas formales en la generación de empleo de calidad, con condiciones dignas y sostenibles, como ocurre en el sector minero.

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