El Gobierno nacional, junto con entidades del Estado y órganos de control como la Defensoría del Pueblo, rechazaron categóricamente las declaraciones del diputado del Tolima, Juan Guillermo Beltrán, quien expresó su inconformidad e hizo un llamado a oponerse al arribo de 93 víctimas del conflicto armado, procedentes del Catatumbo, al departamento de Tolima.

Beltrán, mediante redes sociales, alertó sobre lo que calificó como una imposición del Gobierno central al enviar a estas familias a un territorio que, según él, ha vivido en paz. Sus declaraciones generaron indignación por parte de diversas entidades, al considerar que dichas expresiones estigmatizan y ponen en riesgo la integridad y los derechos de una población altamente vulnerable.

Víctimas buscan 
reconstruir sus vidas

La reubicación de las familias se da en el marco de un proceso legal y humanitario impulsado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que adjudicó un predio en Tolima para que estas 93 personas, víctimas del conflicto armado, puedan rehacer su vida. Entre ellos se encuentran firmantes del Acuerdo de Paz y desplazados por la grave situación humanitaria del Catatumbo, en Norte de Santander.

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El traslado fue acompañado por entidades como la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Unidad para las Víctimas y la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, con el respaldo de la Misión de Verificación de la ONU.

“Estas personas no están invadiendo ni huyendo, están reconstruyendo sus vidas con dignidad y con el apoyo del Estado”, subrayaron en un comunicado conjunto las entidades nacionales.

La estigmatización pone 
en riesgo los derechos 
fundamentales

Las afirmaciones del diputado Beltrán, según las agencias gubernamentales, además de ser falsas, vulneran la Constitución y la Ley de Víctimas. El Gobierno nacional recordó que ninguna autoridad local puede restringir el derecho de reubicación de una persona dentro del territorio nacional, y que todas las instituciones están llamadas a facilitar estos procesos, no a obstaculizarlos.

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“No dejaremos solas a estas familias víctimas del conflicto armado ni a quienes le apostaron a la paz”, manifestó el Gobierno en un comunicado, en el que reafirma su compromiso con el principio constitucional que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a habitar cualquier lugar del país.

Respaldo de la 
Defensoría del Pueblo

La defensora nacional del pueblo, Iris Marín, también intervino en la polémica, haciendo un llamado al diputado Beltrán y a las autoridades tolimenses para que se respete la dignidad de estas personas.

“El conflicto armado ha afectado a todo el país. No podemos actuar desde el egoísmo ni desde un regionalismo nocivo”, expresó Marín. Añadió que impedir o poner trabas al proceso de reubicación de víctimas es incumplir la ley.

Un traslado con 
acompañamiento 

El proceso de reubicación inició en la madrugada, cuando las más de 30 familias partieron desde Bogotá hacia el departamento del Tolima. Esta vez, no escapaban de la violencia, sino que viajaban con la esperanza de empezar de nuevo. La Unidad para las Víctimas, bajo la dirección de Adith Rafael Romero, acompañó el traslado y se encargó de garantizar condiciones de dignidad y seguridad para estas personas.

Contrario a lo expresado por el diputado, el Gobierno aclaró que sí hubo coordinación con la Alcaldía de Honda y la Gobernación del Tolima, y que ambos entes han participado en los encuentros convocados para garantizar una llegada ordenada.

Consejo de Seguridad y Plan 
de Reubicación

Como parte de este proceso, el pasado miércoles se llevó a cabo un Consejo de Seguridad y una mesa de diálogo territorial. Estos espacios sirvieron para articular acciones entre instituciones del orden nacional, regional y local, así como con organizaciones de víctimas y la comunidad.

“Logramos la reubicación en condiciones de dignidad y seguridad para más de 90 víctimas del conflicto”, afirmó Zoraida Hernández, directora territorial central de la Unidad para las Víctimas. Explicó que se construirá un Plan de Reubicación para esta comunidad, con el fin de fortalecer su integración social y territorial.

Este plan contempla la implementación de proyectos productivos, así como la construcción de infraestructura social y comunitaria que permita afianzar el arraigo de estas familias en su nuevo hogar.

Atención inmediata y feria de servicios

Como parte de las medidas de atención inmediata, las familias reubicadas recibieron kits de cocina y de noche, que incluyen utensilios, colchonetas, sábanas y cobijas. Además, se programó una feria de servicios para el 12 de julio, donde las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) ofrecerán sus programas y recursos.

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Mabel Andrade, subdirectora territorial de la ARN, resaltó que este es un paso concreto en la implementación del Acuerdo de Paz. “Este ejercicio demuestra que se puede reconstruir el tejido social a partir del diálogo y acciones que generan convivencia y reconciliación”.

Un compromiso con 
la paz y la reparación

Este proceso es parte de la estrategia del Gobierno nacional para atender a las comunidades más afectadas por el conflicto, especialmente en regiones como el Catatumbo, donde la violencia persiste. A través de un trabajo articulado con entidades como la ANT, la ARN, el ICBF y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, se busca brindar soluciones duraderas a quienes han sido víctimas del conflicto armado.

La Unidad para las Víctimas reiteró su compromiso de seguir trabajando para que esta reubicación sea sostenible, e hizo un nuevo llamado a la no estigmatización.

“Estas familias solo buscan vivir en paz, aportar a sus comunidades y reconstruir sus vidas. No se les puede condenar dos veces, primero con el conflicto, y luego con el rechazo”, concluyó la entidad.

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