El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, negó que exista alguna estrategia dentro del alto tribunal para bloquear la reforma pensional. La aclaración se dio luego de que el presidente, Gustavo Petro, denunciara presuntas "maniobras" para dilatar el trámite y permitir la participación de un nuevo magistrado en el estudio del caso.
El magistrado Ibáñez explicó que el Auto 841 del 17 de junio, mediante el cual la Corte ordenó subsanar el trámite legislativo de la reforma pensional, todavía no ha sido firmado en su totalidad, ya que está en proceso de recolección de firmas. Señaló que el asunto será llevado a discusión en la Sala Plena programada para el próximo 23 de julio.
Indicó además que, pese a que el Gobierno convocó a sesiones extraordinarias y la Cámara de Representantes adelantó un nuevo trámite con base en ese Auto, hasta la fecha el Congreso no ha remitido informe alguno a la Corte.
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“Por lo tanto, el proceso está suspendido hasta tanto se firme el Auto 841 y ulteriormente se analice y se revise el informe que la Cámara de Representantes aún no ha remitido”, precisó el magistrado.
El pronunciamiento del presidente de la Corte se dio en respuesta a las declaraciones del jefe de Estado, quien en un acto público denunció que se estarían generando retrasos intencionales en la Corte Constitucional.
“Quieren que se quemen unos días para que el magistrado último que se eligió se posesione intentando inhabilitarlo”, dijo Petro, quien además aseguró que intereses económicos estarían detrás de los intentos de frenar la reforma.
Según el mandatario, los bancos privados enfrentarían riesgos financieros si un alto número de personas decide trasladarse a Colpensiones. “Los dos banqueros se van a quebrar si en masa la población se sale de los fondos privados de pensiones y se metan a Colpensiones”, afirmó.
Finalmente, Petro instó a la Corte Constitucional y al magistrado Ibáñez a “reflexionar” sobre sus decisiones frente al trámite de la reforma.
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