La Procuraduría General de la Nación abrió este miércoles una investigación disciplinaria contra la canciller encargada, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, por presuntas irregularidades en la firma de un convenio interadministrativo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia para la fabricación de pasaportes.
La investigación también abarca a Alba Liliana León Herrera, gerente de la Imprenta Nacional, y a Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar, secretaria general (e) de la Cancillería.
Según el Ministerio Público, el acuerdo firmado el 18 de julio de 2025, a través del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, no habría cumplido con los principios de planeación y economía de la contratación estatal. La Procuraduría detectó que no existen los estudios previos ni los documentos necesarios que sustenten la celebración del convenio, lo cual contravendría las normativas sobre contratación pública.
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Además, el ente de control subrayó que no se conoce el acto administrativo que delegó en la secretaria general (e) la facultad para suscribir dicho convenio con la Imprenta Nacional.
En su comunicado, la Procuraduría destacó que las irregularidades apuntan a posibles omisiones por parte de los funcionarios encargados, lo que podría haber afectado el cumplimiento de los principios que regulan la contratación pública y la función administrativa.
La firma del convenio con la Imprenta Nacional ocurre en un contexto de incertidumbre sobre el nuevo modelo de expedición de pasaportes, que busca reemplazar al actual proveedor, Thomas Greg & Sons. Desde principios de año, el gobierno ha intentado implementar un sistema que involucraría a la Imprenta Nacional y un apoyo técnico de Portugal, pero los retrasos y falta de claridad en los acuerdos han generado preocupaciones.
En este sentido, la Procuraduría había alertado previamente sobre el riesgo de desabastecimiento de pasaportes debido a que, para el 31 de agosto de 2025, se espera que el contrato con Thomas Greg & Sons quede sin vigencia, sin que aún esté asegurada la continuidad del suministro del documento.
En declaraciones anteriores, Marcio Melgosa, procurador delegado para la Vigilancia de la Función Pública, advirtió que la Imprenta Nacional necesita un mínimo de siete meses para realizar la transición de la fabricación de pasaportes, según los estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
La Procuraduría también había cuestionado la capacidad operativa de la Imprenta Nacional para asumir la producción de pasaportes a partir de septiembre. En su informe, el Ministerio Público subrayó que, a pesar de los anuncios oficiales, la Imprenta aún no ha demostrado tener la infraestructura ni los recursos necesarios para asumir esta responsabilidad, lo que ha generado serias dudas sobre la viabilidad de implementar el nuevo modelo a tiempo.
La investigación continuará para determinar si los funcionarios involucrados incumplieron con sus deberes y si existieron irregularidades en la contratación para garantizar que no haya un desabastecimiento de pasaportes en el país. La Procuraduría seguirá atenta a la evolución del proceso y aseguró que tomará las medidas pertinentes para asegurar el cumplimiento de las normativas.
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