En medio del ruido político, las movilizaciones del Gobierno y la estrategia de comunicación oficialista, hay figuras que operan lejos del primer plano, pero que resultan determinantes en la estructura de poder del actual régimen. Una de ellas es Juan Alberto García Estrada, presidente de la empresa estatal de servicios postales 4-72, y hoy una ficha clave en el ajedrez institucional del petrismo.

Oriundo de San Jacinto, Bolívar, pero forjado políticamente en Barranquilla, García Estrada es administrador de empresas con especialización en Gerencia Pública y estudios en administración avanzada. Fue concejal de la capital del Atlántico y también alcalde encargado en el año 2007. En el plano electoral, ha aspirado sin éxito a la Alcaldía de la ciudad, a la Gobernación del Atlántico y a la Cámara de Representantes.

Su carrera parecía haber llegado a una meseta, hasta que en 2023 el gobierno del presidente Gustavo Petro lo nombró al frente de 4-72. Lo que parecía un cargo de bajo perfil se convirtió rápidamente en una de las plataformas estratégicas del Gobierno para ejecutar recursos públicos sin intermediarios privados y con flexibilidad administrativa.

De operador postal a megacontratista

Tal como lo reseña El Espectador en su investigación, durante 2024 y 2025, 4-72 pasó de ser una empresa con dificultades financieras a convertirse en uno de los mayores operadores de logística de eventos del Estado. Bajo la dirección de Juan Alberto García, la empresa suscribió contratos por más de 310 mil millones de pesos, de los cuales 218.917 millones fueron adjudicados solo en 2025.

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Entre los contratos figuran convenios con el Ministerio del Interior, la Presidencia de la República (DAPRE), el Ministerio de Minas y Energía y la Unidad para las Víctimas, todos relacionados con la organización de eventos, logística institucional, producción, catering y transporte. En uno de ellos, por más de 88 mil millones de pesos, 4-72 quedó encargada de realizar actividades “territoriales y públicas” del Ministerio del Interior.

La magnitud de estos contratos —inusual para una empresa postal— encendió alertas en algunos sectores del Congreso y de los organismos de control. La pregunta que subyace es si 4-72 cuenta con las capacidades técnicas, humanas y operativas para asumir funciones que tradicionalmente han estado en manos de operadores logísticos especializados. O si, por el contrario, se trata de una arquitectura institucional pensada para facilitar la ejecución rápida de recursos públicos con fines de movilización política o visibilidad territorial.

El alfil silencioso

García no es un rostro mediático del petrismo. No aparece en los mítines ni en las alocuciones, pero opera desde una de las entidades más activas en la ejecución logística del Gobierno. Agradeció públicamente el respaldo del ministro TIC, Mauricio Lizcano, quien prorrogó la concesión postal de 4-72 por diez años, asegurando así el andamiaje institucional para su reconfiguración.

Mientras el país discute reformas y polarización, García estructura desde el silencio una red operativa que conecta el discurso del Gobierno con la calle: organización de foros, eventos descentralizados, convocatorias masivas, caravanas por la paz, entre otros. Todos contratados legalmente, pero no exentos de interrogantes éticos y de control.

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Que una empresa estatal con tradición postal hoy sea contratista estrella del aparato institucional exige un debate riguroso, no solo sobre la legalidad de los contratos, sino sobre su conveniencia. ¿Responde esto a una visión de Estado moderno y multifuncional, o es una vía paralela para eludir controles y direccionar recursos públicos hacia la narrativa de Gobierno?

García asegura que todo está en regla y que la empresa está en proceso de fortalecimiento. Lo cierto es que 4-72 ya no es solo la firma que entrega cartas o paquetes: hoy entrega también escenarios, luces, alimentos, sonido, sillas, banderas y carpas para la gestión política del poder.

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