Un mensaje sobre la importancia del papel que puedan jugar los nuevos alcaldes y gobernadores recién posesionados en la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc que ya completa siete años, le envió la Misión de Verificación de la ONU al Gobierno Nacional, en la presentación del informe trimestral del Secretario General.
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“(...) celebro que se hayan completado procesos claves de planificación y diseño, por ejemplo en el marco de la reforma rural integral y el proceso de reincorporación, y confío en que las entidades con responsabilidades de implementación los traduzcan ahora en resultados concretos. Para tal fin, es esencial reconocer el papel clave que pueden desempeñar las autoridades departamentales y municipales recién elegidas y trabajar junto a ellas”, dice el documento presentado por Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión en Colombia.
La observación de las Naciones Unidas cobra relevancia, toda vez que la expectativa está puesta hoy en el relacionamiento que se dará entre los nuevos mandatarios locales y regionales con el gobierno del presidente Gustavo Petro y la coordinación para poner en sintonía los planes de desarrollo municipal y departamental con el nacional.
Y es que, días atrás, varios gobernantes regionales llamaron la atención del jefe de Estado y su equipo de trabajo, para que se tengan en cuenta las obras que necesitan las regiones, y la relación entre el nivel central y los departamentos en donde no fueron elegidos alcaldes o gobernadores de los partidos de la coalición de gobierno, no se reduzca a una lucha de ideologías partidistas.
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En el informe de seguimiento que comprende el periodo entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2023, se hace énfasis en que si bien hay momentos en que las dificultades y los retos que atraviesa el proceso parecen “eclipsar” los avances, “se han puesto en marcha dinámicas de largo alcance que pueden ser transformadoras para Colombia”.
No obstante, advierten que para logarlo, estas apuestas deben fundamentarse en una voluntad política combinada con los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios, “y con una cuidadosa planificación y coordinación”.
Prohibición del secuestro
El informe del secretario General de las Naciones Unidas destaca que el 2023 fue un año en el que se dieron muestras de los claros vínculos entre la implementación del Acuerdo y los procesos de diálogo con grupos como el Eln y la disidencia de las Farc, pero en este se insiste en la necesidad de avanzar de manera coherente en estas mesas.
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En ese sentido, el jefe de la Misión, Carlos Ruiz Massieu, animó a las partes a perseverar en la resolución de sus diferencias a través del diálogo, pero dijo que en el caso de las conversaciones con el Eln, confía en que en el próximo ciclo se confirme la prórroga del cese al fuego, con la “prohibición explícita del secuestro extorsivo”.
Sobre los diálogos con el autodenominado Estado Mayor Central de las Farc, el representante del secretario general de la ONU argumentó que “el cese al fuego bilateral en marcha ha propiciado un nivel de confianza necesario para que el proceso pueda continuar”, y deseó que puedan consolidarse avances sustanciales.
Persistencia de la violencia, principal amenaza
Para las Naciones Unidas, aunque el Gobierno ha seguido mostrando un firme compromiso de impulsar la implementación del Acuerdo Final como uno de los pilares de su política de ‘Paz total’ y “hay ejemplos alentadores de este compromiso”, la violencia que persiste en varias regiones sigue siendo un obstáculo para la implementación de aspectos claves.
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“La falta de garantías de seguridad en varias regiones ha impedido que los esfuerzos de reforma rural mejoren las condiciones de vida de comunidades campesinas enteras, al tiempo que ha dificultado la transición de los excombatientes y las excombatientes a la vida civil. La inseguridad también amenaza con impedir que la verdad salga plenamente a la luz en el contexto del proceso de justicia transicional”, dice la ONU.
En el informe se llama especialmente la atención por la situación del Cauca y se hace énfasis en que, “es precisamente en áreas como estas en donde se necesita con mayor urgencia el despliegue integral del Estado para frenar y contener la violencia”.
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Para la ONU, es “inaceptable” que los beneficiarios y los actores involucrados en los procesos de implementación, como los líderes campesinos y las mujeres lideresas, corran riesgos por su papel en la construcción de la paz.
“Comprometerse con el éxito del Acuerdo Final no puede convertirse, bajo ninguna circunstancia, en una amenaza existencial. Por ello, hago un llamado a las autoridades para que redoblen sus esfuerzos para proteger a estos líderes, lideresas y participantes en el proceso de paz a nivel local, poniendo en marcha de forma inmediata los importantes mecanismos de garantías de seguridad y las políticas recientemente adoptadas”, planteó el secretario general en el informe.
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