“Es preocupante que se instrumentalice la justicia y las decisiones judiciales con fines políticos”. Así lo señaló el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Tejeiro Duque, al referirse a los ataques públicos contra la jueza Sandra Heredia, tras su decisión en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal. En entrevista con Colprensa, el magistrado alertó sobre las consecuencias del lawfare y llamó la atención sobre la necesidad de proteger la independencia judicial como pilar democrático.
Tejeiro Duque expresó su respaldo a la jueza Heredia y exhortó a las autoridades a garantizar su seguridad, tras las amenazas recibidas. Recalcó que “los jueces no tienen partido distinto al cumplimiento de la ley”, y advirtió que convertirlos en blanco de linchamientos mediáticos socava la confianza ciudadana en la institucionalidad y debilita el Estado de derecho.
Durante la entrevista, el magistrado también abordó temas como los límites del poder presidencial, el respeto entre las ramas del poder público y la convocatoria a una eventual Asamblea Nacional Constituyente. Aclaró que si bien las diferencias entre instituciones son naturales en una democracia, deben resolverse a través de los canales legales previstos en la Constitución y no mediante discursos o actos que deslegitimen la función judicial.
Finalmente, el presidente de la Corte reiteró que la justicia seguirá cumpliendo su misión con firmeza, incluso frente a presiones externas o amenazas. Dijo que Colombia cuenta con instituciones fuertes, que han resistido momentos difíciles en el pasado, y subrayó que la independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía para todos los ciudadanos.
Mucho se ha dicho sobre la jueza Sandra Heredia tras su decisión en el caso de Álvaro Uribe, incluso Estados Unidos criticó la medida. ¿Le preocupa que los jueces sean utilizados en la contienda política?
Es preocupante que se instrumentalice la justicia y las decisiones judiciales con fines políticos o de cualquier otra índole. Lastimosamente el Lawfare está haciendo carrera en el mundo y en compañía de las expresiones en redes sociales está causando efectos antidemoctraticos e injustos, al tiempo que se está arriesgando la estabilidad y la confiabilidad institucional que es base esencial de la convivencia.
Las decisiones de los jueces pueden ser controvertidas y debatidas; para eso están los mecanismos legales diseñados al efecto. Ningún bien le hace al país la alabanza que exagera ni la crítica que enturbia, lanzadas al mediatismo y al desorden. Los jueces no tienen partido distinto al cumplimiento de la ley que es su vocación y su razón de ser.
Nos comunicamos con la jueza Sandra Heredia, le expresamos toda nuestra solidaridad y respaldo. El Estado tiene el deber de garantizar su seguridad y no puede permitirse la normalización del linchamiento público contra funcionarios que, en cumplimiento de su deber, imparten justicia. Hago un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue con celeridad estas amenazas, y exhorto a la ciudadanía a rodear y respaldar a sus jueces.
¿Usted considera que el Ejecutivo está desconociendo los límites constitucionales?
En un Estado Social de Derecho, la separación de poderes es un principio fundamental constitucional. Cada rama del poder público tiene funciones claramente definidas y límites establecidos. La misma Constitución y la ley señalan los mecanismos para enfrentar cualquier afectación de la autonomía de las otras ramas. No nos corresponde a los jueces emitir juicios políticos, pero sí salvaguardar el orden jurídico y proteger los derechos de los ciudadanos, conforme a nuestra misión como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria; a eso dedicamos nuestros esfuerzos y es nuestra preocupación permanente. Cualquier persona o poder que rebase los límites definidos por el ordenamiento hace daño a todos al atentar contra la democracia y la justicia.
¿Cree que el discurso del Gobierno ha buscado debilitar la legitimidad de las altas Cortes?
Colombia tiene unas cortes y una rama judicial fuerte y comprometida con sus responsabilidades y consciente de su deber de protección de la Constitución, la Ley y los derechos de los ciudadanos. Como jueces, valoramos la crítica respetuosa y el debate público que hace parte de los derechos, eso en todo caso no puede derivar en señalamientos sistemáticos o intentos de deslegitimación institucional; eso es otra cosa y no le conviene al país. Los colombianos pueden tener la confianza de que la justicia ha venido cumpliendo rigurosamente con sus funciones y lo seguirá haciendo.
¿Qué tan grave es que el presidente Petro cuestione fallos judiciales en redes sociales o actos públicos?
Le insisto que la estructura institucional de Colombia establece los mecanismos e instancias para que el ejecutivo y cualquier persona controvierta con argumentos las decisiones del legislativo y el poder judicial; no obstante, es esencial que el debate se adelante por los canales legales y en la forma que las normas enseñan. Las publicaciones en redes no hacen parte de esos mecanismos, por lo que para los jueces no es posible responder constantemente a ese tipo de prácticas. El respeto de las reglas establecidas en la ley es democracia real. Las instituciones se fortalecen cuando los poderes públicos se relacionan con respeto mutuo y dentro de los límites constitucionales. Los ataques sistemáticos e injustificados enrarecen esas relaciones, generan desconfianza en la ciudadanía y profundizan las divisiones, sobre todo en momentos de pugnacidad que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana.
Usted dijo que "el desorden nace del incumplimiento, aunque sea bien intencionado". ¿Se refería al presidente Petro?
Hace usted referencia a un aparte del discurso que pronuncié durante la posesión del magistrado Juan Carlos Sosa Londoño, que se dio un día antes de que se cumplieran 34 años de la promulgación de la Constitución de 1991. En esa intervención reconocí los grandes avances en protección de derechos que tiene el país gracias a esa reforma y la importancia de preservarlos. He defendido con la misma intensidad la independencia judicial y la necesidad del trabajo armónico entre los poderes. El incumplimiento del orden jurídico, aunque tenga buen propósito, solo conduce al caos, al irrespeto, a la violación de los derechos, a la violencia y a la injusticia. Todos debemos cumplir sin dubitación la normatividad que nos regula. Ello conduce a la convivencia pacífica. Esta es una reflexión para todos.
¿A qué se refiere exactamente cuando insiste en que "los pactos se cumplen"? ¿Quién no está cumpliendo el pacto constitucional?
En ese mismo discurso acudí a la frase “pacta sunt servanda” para señalar que los pactos son para cumplirlos y hoy le ratifico que ese gran pacto de 1991 debe cumplirse íntegra y vehementemente. Ese deber de cumplimiento nos corresponde a todos los ciudadanos. Le reitero también lo que dije ese día y la función primordial que tenemos los jueces en la protección y aplicación de nuestro ordenamiento legal, somos garantes de sus principios y protectores de las herramientas que allí están plasmadas para el desarrollo de la democracia, el respeto por los valores y la cohesión social. Sí, como ocurrió todos hicimos un pacto en 1991, es de todos el deber de acatarlo de modo irrestricto.
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¿Cree que hoy en Colombia existe un riesgo real de ruptura institucional?
Nuestro país cuenta con instituciones sólidas y le reitero, tenemos un marco constitucional que permite resolver las diferencias. Ahora, es normal que ellas existan entre los poderes y de hecho eso es propio en cualquier democracia, y no necesariamente constituye una señal de ruptura institucional, siempre que esas diferencias se resuelvan a través de los mecanismos jurídicos y democráticos previstos en la Constitución y la ley. La justicia de Colombia ha demostrado a lo largo de la historia su fuerza y su compromiso con la verdad, la transparencia y la equidad; esa seguirá siendo la actitud de los jueces. El respeto mutuo entre los poderes públicos es esencial para evitar cualquier deterioro institucional; la Corte Suprema de Justicia, ha sido y seguirá siendo ejemplo de esa conducta de respeto y seguirá impulsando las garantías por la independencia y el trabajo armónico entre los poderes.
Da la impresión de que en la opinión pública se ha instalado la idea de una posible rivalidad entre el presidente, Gustavo Petro, y las altas cortes. ¿Existe realmente esa tensión o cómo debe leerse esta situación?
Mire, no pueden existir rivalidades entre los poderes, no estamos en una competencia y los objetivos que perseguimos desde nuestras competencias son los mismos; todos tenemos el deber de trabajar por los ciudadanos, ellos son la razón de ser de las ramas del poder público. Los magistrados de las altas cortes vienen cumpliendo adecuadamente con sus funciones sin sesgos políticos o personales, esa es su función. Pueden existir diferencias, claro que sí, pero le reitero que en la Constitución y la Ley están dispuestos los escenarios para resolverlas. Desde las cortes hay un ánimo de trabajo armónico con las demás ramas del poder, como lo manda ese gran acuerdo nacional de 1991.
¿La Corte Suprema de Justicia está en alerta por los llamados a una Asamblea Nacional Constituyente?
La posibilidad de adelantar una Asamblea Nacional Constituyente es legítima pero su convocatoria requiere el cumplimiento estricto de los procedimientos establecidos en la misma Constitución. Los colombianos cuentan con mecanismos de participación en la toma de las decisiones; esa fue una de las garantías de nuestra Carta que recientemente cumplió 34 años de su promulgación. Los poderes públicos en Colombia tenemos el deber y la responsabilidad de cumplir y respetar la ley; cualquier reforma estructural del Estado que se realice debe darse en el marco constitucional y con pleno respeto por los principios democráticos del país, tanto más si no se olvida que la Constitución de 1991 fue producto de un acuerdo de todos los ciudadanos.
Ha dicho que se vienen decisiones sobre el caso de la UNGRD. ¿Cuáles y cuándo las conoceremos?
Este es un tema que por estar en etapa de investigación, goza de reserva y solo podría decir que la Sala de Instrucción ha venido trabajando juiciosamente y ha ordenado una gran cantidad de pruebas y declaraciones. La Sala ya ha tomado decisiones como ordenar medida de aseguramiento contra dos de los congresistas investigados (Iván Name y Andrés Calle) y viene avanzando en otras líneas de investigación. Este es un proceso muy complejo que requiere de un trabajo dedicado para que las decisiones que se tomen tengan todo el respaldo legal.
¿Puede decirnos cuántos congresistas están hoy en el radar de la Corte por el caso UNGRD?
En una primera fase la Sala de Instrucción tenía investigaciones en las que aparecían siete congresistas y un excongresista; por compulsas de copias internas o de la Fiscalía se han ido abriendo otras indagaciones contra otros legisladores y han ido apareciendo señalamientos sobre presuntas irregularidades en otras entidades distintas a la UNGRD como es el caso de Invías. Estos procesos están distribuidos en los despachos de cuatro magistrados que vienen cumpliendo con su misión de investigación.
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¿Se están preparando nuevas órdenes de captura por este escándalo?
Como le decía anteriormente, esta etapa de la investigación cuenta con reserva y no lo podría dar más información sobre el tema.
¿Está garantizada hoy la independencia judicial en Colombia y cuáles son los principales riesgos que enfrenta la justicia en el país?
Mire, la independencia judicial no es un privilegio de los jueces; es una garantía para los ciudadanos. Una justicia independiente asegura que los derechos de los ciudadanos y sus reclamos sean estudiados y resueltos con total autonomía, con apego a la ley y sin ningún tipo de factor o presión externa. Con una justicia independiente no ganan los jueces, ganan los ciudadanos y se fortalece la democracia. La estabilidad jurídica garantiza la estabilidad de los derechos y por ese sendero, la libertad, la paz, la equidad, la vida, la dignidad y los derechos que tienen los colombianos. Hoy los jueces en algunas regiones del país están trabajando en medio de la presión de actores ilegales, a pesar de ello han seguido con valentía administrando justicia. Nos preocupan esos jueces y esperamos que se garanticen las condiciones de seguridad necesarias para que sigan cumpliendo con sus responsabilidades y que las comunidades los rodeen y apoyen en estos momentos difíciles. Los colombianos pueden tener la tranquilidad de que los jueces del país no van a ceder en sus deberes y seguirán siendo garantes de sus derechos y fieles protectores de la democracia.
¿El país puede confiar en que las Cortes actuarán como un contrapeso frente a los abusos del poder?
El poder judicial tiene unas obligaciones y unos deberes claros y la Constitución establece los mecanismos de pesos y contrapesos que son garantía de la democracia. Los jueces han cumplido y seguirán cumpliendo esos deberes y eso debe dar tranquilidad a los ciudadanos. La justicia ha enfrentado duras pruebas en el pasado y se mantuvo firme, esa es una constante que se ha construido con el sacrificio y entrega de los jueces y que sigue vigente. El mundo, porque no es solo Colombia, vive momentos de agitación, división y polarización y en estos tiempos de tensión o incertidumbre, los jueces son y seguirán siendo custodios del Estado de derecho, garantes del debido proceso y protectores de la democracia.
¿Qué le diría hoy al ciudadano que siente que el país está al borde del colapso institucional?
Todos los ciudadanos, y especialmente los más jóvenes, deben saber que Colombia es una democracia que ha superado momentos muy difíciles gracias a la fortaleza de sus instituciones, al compromiso de sus jueces, y el apoyo de las comunidades. Es comprensible que existan preocupaciones y tensiones, pero las instituciones están funcionando y los jueces seguimos tomando decisiones con independencia y rigor, teniendo como ruta y guía nuestra Constitución. Espero que las diferencias y el disenso que preocupa a muchos puedan ser puntos de partida para encontrar puntos que nos unan y los objetivos comunes que nos lleven a fortalecer la democracia y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
Empero, cada colombiano es también factor y líder en la construcción diaria y la preservación de la paz, la justicia y la democracia. Cada uno está en posibilidad de impedir la división, el odio, la violencia y, en contraste, de avanzar todos los días hacia la comprensión, el respeto del otro, el diálogo maduro, racional, argumentado, y el cumplimiento del ordenamiento jurídico en bien de todos y de las nuevas generaciones. La justicia y la democracia la hacemos todos, la justicia somos todos.
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