La idea de hacer obligatoria la rendición de cuentas o de informes por parte de los 19 concejales a los cucuteños, sobre la gestión que desarrollan y el cumplimiento de sus funciones, no tuvo eco en la corporación y ayer terminó hundida, sin que alcanzara a llegar a la plenaria.

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Los integrantes de la Comisión de Asuntos Generales  decidieron respaldar la ponencia negativa presentada por el concejal de Cambio Radical, Albert Casadiego, quien argumentó que la iniciativa evidenciaba poca justificación constitucional y normativa, además de señalar que el Concejo ya tiene facultades legales para cumplir con esta función.

Este proyecto de acuerdo había sido presentado días atrás por el concejal Jair Díaz, del Partido Alianza Verde, para su estudio en las sesiones extraordinarias que concluyeron ayer, al insistir en que era necesario hacer públicas las actuaciones de cada uno de los cabildantes, con el propósito de facilitar el control ciudadano y que de esta manera la comunidad pudiera estar enterada de lo que se hace allí día a día.

“Proyecto por medio de la cual se introduce un título al Reglamento Interno del Concejo Municipal de San José de Cúcuta, expedido mediante el Acuerdo Municipal No. 0188 del 27 de diciembre de 2011, se establecen mecanismos de rendición de cuentas y transparencia de la gestión de los concejales y otras disposiciones relacionadas”, era el título del mismo.

No obstante, en la ponencia que negó la propuesta se advierte que el Concejo de Cúcuta ya cuenta con un procedimiento de rendición de cuentas y de publicidad de su gestión pública, acorde con lo dispuesto en la Ley 1757 de 2015.

“El presidente del Concejo debe presentar en marzo de cada año la rendición de cuentas de la corporación, informando a la comunidad los anuales de la corporación, la gaceta, las proposiciones, los proyectos de acuerdo, las ponencias, el trámite de cada una de ellas, las actas de las sesiones plenarias, de las comisiones y las constancias realizadas por cada uno de los concejales. En ese sentido, este programa también contempló la digitalización de toda la información y el rendimiento de la misma en la página web para el acceso de la ciudadanía”, señaló Casadiego.

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El concejal fue mucho más allá y aseguró que la iniciativa presentada por su compañero de corporación tenía un carácter mucho más populista “que se basa en una idea demagógica sin poca base normativa y con muchas falencias”.

“Es necesario combatir la corrupción, pero no es permisible hacer de esta lucha una forma de ganar redenciones políticas. Se debe tramitar el presente proyecto atendiendo a lo normado en la Constitución y con bases legales fuertes que permitan su aceptación y publicación”, fue la conclusión del ponente.

El concejal Víctor Caicedo, quien junto con Edison Contreras, Edwin Duarte y Alexander Salazar, también votaron a favor del hundimiento de la propuesta, coincidió en que esta no contaba con un fundamento de peso y que faltó que fuera  socializada y discutida con toda la corporación, antes de llevarla a la Comisión, para que se hubiera logrado un consenso frente al objetivo que perseguía la misma.

“Considero que sí se necesita hacer un informe, no de gestión, pero sí del trabajo, porque cuando hablamos de informe de gestión, creo que podríamos estar extralimitándonos porque nosotros no legislamos, además, no somos ordenadores del gasto”, dijo.

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El promotor de la rendición de informes o de cuentas lamentó que el proyecto de acuerdo no prosperara.

“Aunque un acuerdo municipal, por sí solo, no representa una solución definitiva a la falta de confianza institucional, sí es una condición necesaria para avanzar en la recuperación de la confianza, sumada al correcto ejercicio de nuestras funciones como concejales”, manifestó Jair Díaz.

Insistió en que es importante la transparencia en el ejercicio de las funciones que desempeñan y reconoció que desde un principio estuvo claro que muchos concejales no estaban de acuerdo con su iniciativa.

Y es que el solo anuncio del proyecto, a mediados de septiembre, suscitó un debate entre los corporados, además, de que la tensión entre los integrantes de la Comisión de Asuntos Generales y el autor del proyecto estuvo latente durante el trámite del mismo.

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