Por haberse omitido información importante dentro del proceso y no cumplir con la entrega de algunos documentos exigidos como los paz y salvo de los sistemas de seguridad social y parafiscales, la Secretaría de Vías de Norte de Santander decidió declarar desierta la licitación pública para la intervención de cerca de 13 kilómetros de la vía Astilleros-Tibú-La Gabarra, que hacen parte del proyecto conocido como la Troncal del Catatumbo.

A la puja por este contrato de $65.800 millones que hace parte del programa ‘Concluir y concluir para la reactivación de las regiones’, impulsado por el Gobierno Nacional, se habían presentado solo dos oferentes, pese a que inicialmente unas 107 personas manifestaron ante el Secop algún interés de participar.

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Una de esas dos empresas que buscaba quedarse con la millonaria licitación, pero que finalmente terminó siendo rechazada, era AGM Desarrollos S.A.S, anteriormente conocida como construcciones Hilsaca LTDA. del empresario Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca Eljaude.

Este proponente, en el que actualmente tienen participación accionaria Henta Inversiones SAS. Clara Inés Acosta Hernández, Alfonso, Gabriel, Melissa y Nicolás Hilsaca Acosta, está presente ya en ocho municipios de Norte de Santander (Ocaña, Ábrego, Convención, Pamplona, Tibú, Puerto Santander), incluida Cúcuta, pues se ha hecho acreedor de siete concesiones de alumbrado público y una de fotomultas en Villa del Rosario. Ahora iba por un tramo de la vía a Tibú.

El otro oferente era el Consorcio Vial del Catatumbo, conformado por Coherpa Ingenieros Constructores SAS, Indugravas Ingenieros Constructores SAS e Incoherp Ingenieros Constructores SAS.

Aunque el resultado del informe de evaluación que se entregó inicialmente, a partir de la revisión de los requisitos habilitantes y los documentos estipulados en el pliego tipo que regía esta licitación, arrojó que las dos propuestas estaban habilitadas para participar, el fantasma de lo sucedido con el controvertido contrato entre el Mintic y Centros Poblados, terminó cambiándole el curso a esa calificación.

Y es que las alarmas se encendieron durante la publicación de dicho informe, puesto que en ese momento se recibieron un total de 21 observaciones por parte de veedurías ciudadanas, los mismos oferentes y terceros interesados en el proceso. En estas se advertían presuntas inconsistencias en la información entregada por los dos proponentes.

En vista de ello, y teniendo en cuenta lo ocurrido con las pólizas falsas que entregó la Unión Temporal Centros Poblados para poder firmar el millonario contrato de los puntos digitales en las zonas más apartadas del país, el comité evaluador jurídico de la licitación para el tramo vial de la vía Astilleros-Tibú decidió entrar a revisar en detalle los documentos aportados por los dos oferentes: AGM y el Consorcio Vial.

“Esta Secretaría, con el ánimo de blindar el proceso que nos ocupa, dadas las condiciones de la magnitud del proyecto a ejecutarse, procedió a realizar la verificación de las pólizas de seriedad de la oferta, solicitando certificación a las aseguradoras y procurando garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales concernientes a este tipo de procesos”, se lee en un aparte de la resolución 162  del 17 de septiembre de 2021, mediante la cual se declaró desierta la licitación pública.

En ese sentido, el comité requirió a los dos oferentes allegar los paz y salvo de los sistemas de seguridad social y parafiscales, por todo concepto, con el fin de verificar que no presentara ningún tipo de mora al 20 de agosto de 2021, día en que se cerró el proceso de selección.

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La Gobernación solicitó, igualmente, el acompañamiento de la Procuraduría Regional de Norte de Santander, así como de la Contraloría, dada la magnitud de los recursos a contratar.

Lo que encontraron

Ante los requerimientos, la empresa AGM Desarrollos entregó una lista con la relación de las empresas con las que se encontraba a paz y salvo, mientras que el Consorcio Vial del Catatumbo allegó las planillas de pago de sus obligaciones con el sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y demás, pero no los certificados en los que se demostrara que estaba al día con esos compromisos.

Como ninguno cumplió con lo que les exigían, “toda vez que con la información aportada por cada uno de ellos, el comité evaluador jurídico no pudo corroborar lo certificado por los revisores fiscales”, este procedió a hacer un comparativo de las empresas informadas por los oferentes, con las aportadas en la larga lista de observaciones.

De la misma forma, decidió solicitarles a la EPS relacionadas en las propuestas, las respectivas certificaciones que permitieran corroborar que los dos interesados estaban al día en sus pagos.

Para sorpresa de los evaluadores, al revisar la información encontraron que AGM no informó dos empresas con las que cotiza, tal y como había sido alertado en el momento de las observaciones. Entre tanto, el Consorcio Vial presentaba mora en los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales con una de las EPS.

“(…) El comité evaluador jurídico pudo inferir que el Consorcio Vial del Catatumbo no cumplió con lo solicitado por la entidad, pese a habérsele requerido en dos oportunidades, puesto que no allegó paz y salvos a fecha de cierre del proceso y adicionalmente sí presenta mora”, dice la Resolución.

Y agrega: “(…) Respecto del proponente AGM Desarrollos S.A.S., es claro que la empresa al momento de responder el requerimiento realizado por el comité evaluador de aspectos jurídicos, no solo no cumplió con lo solicitado, toda vez que se pedía certificar a fecha de cierre, es decir al 20 de agosto de 2021, sino que además omitió información, (…) presentando a la entidad información inexacta, razón por la cual se tiene como no aportada”.

¿Por qué la declararon desierta?

Luego de esta revisión y de lo que en ella detectaron, el comité evaluador del proceso expidió el informe final recomendando declarar desierta la licitación pública.

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Los evaluadores argumentaron que dicha decisión se dio en atención a la importancia del valor de la inversión que se pretendía contratar y a que se encontró la “inobservancia del requisito contenido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 (Control a la evasión de los recursos parafiscales)”.

 Así mismo, precisaron que los dos oferentes, al no cumplir a cabalidad con lo requerido para aspirar por el contrato, incurrieron en causales de rechazo.

“(…) de la evaluación realizada, se pudo establecer que no es posible realizar la escogencia objetiva de las ofertas, por cuanto no se presenta ofrecimiento más favorable para la Entidad, en la medida que no existe un oferente habilitado, puesto que las dos propuestas recibidas incurrieron en causal de rechazo”, dice el documento firmado por el secretario de Vías, Efraín Pacheco Rojas.

La Opinión consultó al funcionario para precisar qué sucederá ahora que no pudo ser posible adjudicar el contrato y al respecto manifestó que tal y como lo señala la resolución 162, contra la decisión que se tomó procede el recurso de reposición. 

Pacheco dijo que hasta tanto no se cumpla con esos términos y se determine si el acto administrativo queda en firme o no, no se podrá establecer si se abre un nuevo proceso, o a qué figura podrían acudir para reanudar la adjudicación del contrato. 

“Actuaremos de conformidad con la Ley 80, buscando siempre suplir cuanto antes la necesidad que representa este proyecto para la región”, sostuvo. 

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¿Qué comprende el contrato?

El contrato que acaba de ser declarado desierto comprendía el mejoramiento de la vía Astilleros-Tibú en tres tramos críticos, equivalentes a 12,50 kilómetros de los 74 que abarca toda la Troncal del Catatumbo.

Las intervenciones estaban proyectadas así: 

-1,5 kilómetros: pavimentación de la vía y la construcción de un puente.

-800 metros: pavimentación y un puente.

-10,58 kilómetros: pavimentación.

Además de esta obra, para el resto de vía han sido estructurados otros tres proyectos, de los cuales ya están en marcha dos (Fundación Warren Buffett  y Gobernación, Cenit y Obras por Impuestos). El otro está pendiente por gestionar los recursos.

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