Un juzgado de Barranquilla fijó para el miércoles 1 de octubre la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Con esta diligencia, el exdiputado del Atlántico acumula ya dos procesos penales en su contra.

En este nuevo caso, El Colombiano conoció en primicia que además de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento, la Fiscalía también le imputará tráfico de influencias.

Los hechos están relacionados con actuaciones presuntamente ilegales cometidas cuando el hijo del presidente era diputado del Atlántico. En concreto, se conoció que habría influido o ejercido presión para la celebración de cinco contratos por más de $3.000 millones de pesos, suscritos a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y la Unión Temporal Conciencia Incluyente.

Según se conoció, dichos convenios, que tenían como propósito la atención de adultos mayores y estudiantes con discapacidad, nunca llegaron a ejecutarse.

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Los recursos públicos que, al parecer, estaban destinados para dichas actividades no habrían llegado al objetivo de los contratos. En Colombia, el delito de interés indebido en la celebración de contratos puede acarrear penas de prisión de 64 a 216 meses y una multa de 66 a 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV).

Del mismo modo, el artículo 287 del Código Penal establece prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses para quien falsifique un documento público.

En paralelo, el ente acusador pedirá que Petro Burgos sea cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario, lo que dejaría al hijo del presidente tras las rejas mientras avanza el proceso.

Este nuevo capítulo judicial se convierte en una carga adicional para Nicolás Petro, quien ya enfrenta un proceso por presuntos actos ilegales durante la campaña de su papá a la presidencia en el año 2022.

En ese proceso, según la Fiscalía, Petro Burgos se habría quedado con dinero de procedencia ilegal y que iba a ser inyectada a la campaña presidencial. Con estos actos habría incrementado de manera injustificada su patrimonio personal.

Su defensa afirma que el expediente está viciado y que las pruebas fueron “contaminadas”.

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