El frecuente hurto de las camionetas blindadas y el despojo de las armas de dotación de los escoltas asignados a los esquemas de protección por parte de grupos al margen de la ley retrasa el fortalecimiento de la seguridad a funcionarios en la zona del Catatumbo.
 
“Estamos desamparados en medio del conflicto armado”, exclamó el personero de La Playa de Belén, Yamil Alexander Velásquez Pacheco ante la demora por parte de la Unidad Nacional de Protección de revisar los esquemas de seguridad en la convulsionada región donde se reportan desplazamientos forzados, asesinatos y violación de los derechos humanos.
 
Una de las excusas es el constante robo de las camionetas blindadas, internadas en la zona montañosa y difícil de recuperar por parte del servidor público.

Ante esa situación en su mayoría se trasladan en motocicletas para hacer el trabajo de campo ante el llamado de las comunidades rurales confinadas en las parcelas ante el fuego cruzado de los grupos enfrentados. 
 
“Salimos de las casas con la señal de la santa cruz y la protección de Dios, para que nos traiga sanos y salvos al hogar en las noches. Nos encerramos y por razones de seguridad, solo podemos salir al otro día”, manifiesta el personero de Ábrego, Antonio José Rodríguez Gómez.

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La mayoría de los 13 personeros de la subregión del Catatumbo, únicamente cuentan con un chaleco antibalas, un hombre de protección y carecen de un medio de transporte. “Vamos a terreno encomendados a la virgen el señor Jesucristo para que nos libre de todo mal y peligro. No pedimos camionetas último modelo, pero si reforzar los esquemas de seguridad”, agrega Rodríguez.
 

Entre la espada y la pared

Los personeros sienten un abandono total por parte de la Unidad Nacional de Protección y consideran que las acciones emprendidas en el marco de la Conmoción Interior no fueron suficientes para brindar las garantías necesarias.
 
El personero de La Playa de Belén, Yamil Alexander Velásquez Pacheco, siente temor de perder la vida por el cumplimiento de las funciones atinentes al cargo y exige un análisis profundo de la crisis humanitaria en el Catatumbo.

“Fueron medidas blandas que no satisfacen la situación, vemos con preocupación ese olvido y más con el escalamiento del conflicto latente en el Catatumbo. Nosotros somos defensores de derechos humanos, estamos en el territorio todo el tiempo a pie, escuchando el clamor de la gente y las medidas que nos han proporcionado no son las idóneas, ya que carecemos de un esquema completo para proteger la integridad y vida de cada uno de nosotros”, agrega.
 
En los últimos meses han tocado las puertas de las distintas entidades, expuesto la situación y a la fecha están desprotegidos. “Recientemente la Procuraduría General de la Nación a través de la delegada para los derechos humanos citó al director de la Unidad Nacional de Protección se le expuso la situación, ellos manifiestan algunas dificultades en el tema de logística por el robo de los vehículos, pero consideramos con mucho respeto, que nuestra seguridad no puede pagar los platos rotos, es una excusa que no solventa la magnitud del problema”, recalca Velásquez Pacheco.

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Los representantes del Ministerio Público en las apartadas regiones del país, tienen como espejo los casos presentados con el ex personero de Tibú, Jhon Jairo Ascanio Guerrero, despojado de la camioneta y desarmados los guardaespaldas.

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