La Contraloría General de la República procedió a intervenir de manera excepcional en el control fiscal del Contrato No. 030 de 2006 que está relacionado con la operación del acueducto de Cúcuta, suscrito entre la EIS Cúcuta E.S.P y Aguas Kpital.
La decisión se produjo tras las solicitudes del Contralor municipal, Oscar Sandoval, y del senador Edgar Díaz. El primero argumentó falta de capacidad técnica en su despacho, mientras que el segundo lo hizo señalando supuesta imparcialidad e injerencias políticas del ente de control municipal.
La intervención funcional excepcional la asumirá el órgano de control nacional sobre todos los ejercicios de vigilancia y control fiscal adelantados por la Contraloría Municipal de Cúcuta en los que quedaron al descubierto hallazgos administrativos, ambientales, penales y fiscales, en estos últimos, por un presunto detrimento patrimonial de más de 1.1 billones de pesos en el que habría incurrido la compañía Aguas Kpital Cúcuta, en los casi 20 años que lleva al frente de la operación del acueducto.
La intervención funcional excepcional procede, conforme al artículo 23 del Decreto Ley 403 de 2020, cuando se acreditan razones objetivas que justifiquen el desplazamiento de competencias, como: 1.Falta de capacidad técnica o humana. 2. Injerencias externas o presiones políticas. 3 Pérdida de confianza institucional. 4. Magnitud del detrimento patrimonial que sobrepasa la capacidad del órgano local.
La decisión de decretar la intervención funcional excepcional se ajusta plenamente a la legalidad y responde a una situación crítica de control fiscal territorial, que involucra un déficit institucional operativo en la Contraloría Municipal de Cúcuta. Presunto detrimento patrimonial superior a 1.1 billones de pesos, de alta significancia fiscal y penal.
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La intervención opera sobre todos los ejercicio de vigilancia y control que esté adelantando la Contraloría de Cúcuta, o los que se deban iniciar respecto al contrato 030, incluyendo auditorías, actuaciones especiales de fiscalización, indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal y cobro coactivo, y se extenderá hasta la culminación de los mismos.
Asimismo, asignar el conocimiento y trámite de vigilancia y control fiscal del asunto a la contraloría delegada para el sector minas y energía, y así mismo a la contraloría delegada para la responsabilidad delegada para la responsabilidad fiscal.
‘No va a pasar nada’
Para el veedor de servicios públicos, Alejandro Casadiego, la intervención de la Contraloría General de la República no va a servir de nada “y a mi juicio lo que acaba de argumentar el senador Edgar Díaz más bien es para cubrirle los intereses a la empresa Aguas Kpital, porque desde Bogotá, a la distancia, como se pretende ahora, qué control eficaz se podrá hacer”.
El abogado Martín Santos, también opinó sobre el particular al señalar que no augura “salvaguarda alguna sobre nuestro esquilmado erario por la paupérrima gestión de la Contraloría General de la República en otros casos similares”.
Se refiere el profesional del derecho a la funesta intervención que el órgano de control nacional hizo en los malogrados Corazones de Barrio del exalcalde Jairo Yáñez, obras que quedaron inconclusas y aún, año y medio de haber culminado su mandato, no se ponen en servicio en su totalidad.
Otro veedor de servicios públicos, Francisco Palacios, indicó que al quitarse las competencias al contralor municipal entonces le corresponde a la Contraloría General entrar a verificar los hallazgos y a tomar decisiones. Yo solicité también la intervención inmediata con medidas previas, dijo.
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Esto indica que por existir presunta violación a los compromisos en el contrato 030 se puede declarar la terminación inmediata del contrato, dijo Palacios, quien señaló que si se hace una investigación al contrato 030 se encontraría que el detrimento podría superar los cuatro billones de pesos. “Nos cobraron reposición del 85 por ciento de las tuberías y solo han cambiado un 30 por ciento, faltando por verificar otros ítem como el del costo medio administrativo, el costo medio operativo, el cargo fijo, el consumo básico y el índice de agua no contabilizada, al igual que el tema de las pilas públicas.
Los hallazgos
El informe, resultado de una denuncia ciudadana, deja entrever un panorama crítico tras casi dos décadas de ejecución, en los que el órgano de control cuestiona aspectos técnicos, presuntos riesgos para la salud pública, falta de control institucional, entre otros presuntos hechos.
Según se desprende del auditaje, se encontraron 41 hallazgos entre penales, disciplinarios, fiscales y administrativos, así como presuntos delitos contra el medio ambiente.
Uno de los hallazgos más alarmantes es el Índice de Agua No Contabilizada (IANC), que permanece en un 46%, muy por encima del 35% pactado en el contrato y cercano al 60% registrado en 2005, antes del inicio de la operación. Asimismo, más de 405 kilómetros de redes de asbesto cemento siguen en funcionamiento, pese a los recursos recaudados por tarifa para su renovación bajo el concepto de Costo Medio de Inversión (CMI).
La Contraloría entre los hallazgos también encontró la persistencia de redes de asbesto-cemento, más de 405 kilómetros por donde se lleva agua a los hogares “a sabiendas del riesgo para la salud humana”.
Frente a estos hallazgos encontrados por la Contraloría de Cúcuta, de los cuales no se conoce un pronunciamiento de la alcaldía de Cúcuta ni de la empresa EIS Cúcuta, es que asumirá el control la Contraloría General de la República.
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El ejercicio de auditoría también encontró que desde la perspectiva fiscal, se documentó el cobro sostenido del componente tarifario denominado Costo Medio de Inversión (CMI), sin evidencia suficiente que demuestre su aplicación efectiva en obras de reposición, ampliación o modernización de infraestructura por parte de Aguas Kpital.
Respecto a los cuestionamientos sobre la composición accionaria de Aguas Kpital —otro de los aspectos destacados en el informe— la Contraloría evidenció que actualmente no existe certeza sobre quiénes son los verdaderos socios de la empresa. Según los hallazgos, el 77,6% de las acciones estarían en manos de un patrimonio autónomo sin personería jurídica y otro 20,8% en manos de acreedores del Grupo Nule, tristemente célebre por su participación en el escándalo del “carrusel de la contratación” en Bogotá.
Este aspecto fue particularmente delicado para el órgano de control, que advirtió que dicha estructura accionaria no ofrece garantías claras sobre la idoneidad ni el respaldo económico de los operadores del servicio público. No obstante, Aguas Kpital defendió este esquema:
“La estructura de patrimonios autónomos es una figura jurídica válida que garantiza la destinación de los recursos al cumplimiento del contrato. Esta modalidad ha permitido apropiar los recursos necesarios no solo para cumplir con los compromisos de inversión, sino para alcanzar los indicadores del servicio”, afirmó Aguas Kpital.
Este proceso de fiscalización ocurre en un momento clave, a poco menos de un año de que finalice el contrato de operación del acueducto, vigente hasta 2026. En ese sentido, el contralor Sandoval instó al alcalde Jorge Acevedo y a la Junta Directiva de la EIS Cúcuta S.A. E.S.P. a actuar con prontitud.
Aguas Kpital se defiende
La empresa Aguas Kpital Cúcuta insiste en que los compromisos contractuales de inversión se han cumplido año tras año y gracias a ellos se han alcanzado niveles de cobertura y continuidad y calidad del servicio exigidos y valorados por los usuarios.
El gerente general de la empresa, Hugo Vergel, al conocer la noticia de la intervención preferencial al contrato 030 que asumió la Contraloría General de la República dijo que la recibía “con la tranquilidad de demostrar en los diferentes escenarios el cumplimiento de nuestras obligaciones que han llevado a tener para la ciudad un servicio de acueducto y alcantarillado dignos”.
Referente al hallazgo del índice de agua no contabilizada, Vergel explicó que este índice se sitúa actualmente en 42%, por debajo de la meta contractual establecida para el presente año (45%) y notablemente inferior al valor estimado al inicio de la operación, que alcanzaba el 65%.
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La empresa ha logrado elevar la continuidad del servicio a más del 96%, lo que implica una presión mucho mayor sobre el sistema. Si en aquel momento se hubiera contado con el nivel de continuidad que se tiene actualmente, las pérdidas habrían podido alcanzar niveles superiores al 80%.
Con relación al tema de la prevalencia de redes de asbesto cemento, la compañía informó a La Opinión que la reposición de redes de asbesto cemento inició de forma sistemática únicamente desde el comienzo de nuestra operación. Desde entonces, hemos avanzado conforme a nuestras obligaciones contractuales.
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