La pobreza multidimensional en los municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) creció 0,7 puntos porcentuales (p.p.) el año pasado, en comparación con 2023 (23,7%), y se ubicó en 24,4%. Así, un cuarto de la población de estos territorios está en esa condición.
Después de cuatro meses de haber publicado el informe anual de Incidencia de Pobreza Multidimensional en el país y por regiones, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dio conocer el indicador en los PDET, que refleja la dura realidad que enfrentan estas zonas.
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No obstante, vale decir que, desde 2018, el IPM ha venido en picada, pues, en ese entonces era de 39,8%. Después, tuvo un pico al alza en 2020 (37,3%), año de la llegada de la pandemia de COVID-19, y continuó su tendencia descendente hasta 2024. En promedio, la pobreza multidimensional bajó 15,4% en los últimos siete años, en los PDET.
Los hogares en este tipo de pobreza pasaron de 370 a 376; en número de personas, el índice creció de 1.249.000 a 1.299.000, o sea, 50.000 más.
Según la entidad, la privación de los hogares con mayor incremento fue el desempleo de larga duración, con 1,3% puntos porcentuales (p.p.), pasando del 11,4% a 12,7%. Luego se posicionó barreras de acceso a servicios de salud (0,5 p.p.), con un ascenso de 1,7% a 2,2%.
El trabajo informal no creció y tampoco bajó, pero su índice es de 91,3%; lo que implica que nueve de cada 10 trabajadores en los territorios PDET están empleados sin los beneficios de ley (seguridad social, riesgos laborales, pago de prima, vacaciones, entre otros).
Otra de las dimensiones con alto porcentaje es el bajo logro educativo, que alcanzó al 60,3% de los habitantes, sumado al rezago escolar (27,8%), cuyos indicadores cayeron 1,3 p.p. y 2,6 p.p., respectivamente.
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Además, 30,8% de la población no tiene acceso a fuente de agua mejorada. Esta privación tuvo una insignificante reducción de 0,7 puntos. Mientras que el analfabetismo cayó 0,4 p.p. y se ubicó en 14,5%.
Falta infraestructura
El economista e investigador Mario de Jesús Zambrano indicó que siguen persistiendo retos, especialmente estructurales. Afirmó que, entre 2023 y 2024, disminuyeron las privaciones en rezago escolar (2,6 puntos), bajo logro educativo (1,3 puntos) e inasistencia escolar (1 punto), lo cual refleja avances importantes en este contexto tan aciago en materia de educación.
Subrayó que también cayó el porcentaje de hogares sin aseguramiento en la salud (1,3 puntos porcentuales).
El docente de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) señaló que persisten los niveles críticos de informalidad laboral y desempleo; “y claramente eso tiene efectos en el bienestar de la gente, no solamente en el ingreso de los hogares, sino que está directamente relacionado con la pobreza y la desigualdad”.
“La infraestructura básica sigue rezagada: 30,8% de los hogares no tiene acceso a fuentes de agua mejorada y el 21,2% tiene eliminación de excretas de forma inadecuada. Falta una mayor inversión y acceso a servicios de la salud”, agregó. Zambrano.
El DANE informó que recogió la data de 170 municipios de 16 subregiones. Una de ellas es el Catatumbo, Norte de Santander, conformada por los PDET Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.
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¿Se agravará el Catatumbo?
El economista Mario Zambrano manifestó que la crisis que vivió el Catatumbo desde principios de año, por la guerra entre el Eln y las disidencias de las Farc, la cual persiste, puede traducirse en mayores niveles de privación, es decir, que algunos indicadores empeoren.
“Aunque el Catatumbo ha tenido unos indicadores estructurales de pobreza bastante altos. Entonces estos fenómenos adversos al bienestar de la gente harían que los problemas estructurales se profundicen. Un dato importante es que, en zonas de alta conflictividad, la pobreza multidimensional puede aumentar; incluso, si el promedio nacional mejora”, destacó el académico.
Zambrano dijo que lo que puede hacer el Gobierno, más allá del debate nacional y de lo que profirió la Corte Constitucional sobre el decreto de Estado de Conmoción Interior, es desarrollar una acción diferenciada y con un enfoque preventivo.
“Se debe dar garantía del acceso a la salud, inversión urgente en materia de agua y saneamiento, en la conectividad o el fortalecimiento de las vías terciarias; impulso a la capacidad productiva, como modelo para fortalecer el empleo local, y mirar la implementación de los acuerdos, específicamente, en transición productiva vinculado a los temas de sustitución de economías ilícitas”, añadió.
Finalmente, resaltó que se deben mirar las potencialidades de las poblaciones que han sido confinadas y desplazadas y que el Estado debe actuar, no solo para mitigar, sino para garantizar los derechos básicos a quienes han sido golpeados por la violencia.
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