La ofensiva arancelaria de Estados Unidos en 2025, presentada como una medida generalizada contra casi todas las importaciones, ha tenido un alcance más limitado.

Así lo revela un análisis de la Cámara Colombo Americana (AmCham), que señala que exenciones estratégicas, acuerdos comerciales vigentes y negociaciones en curso han reducido el efecto real de las acciones, aunque no eliminan el riesgo para países como Colombia.

Aunque Washington anunció un arancel base del 10% sobre la mayoría de bienes importados, países como México, Canadá y Colombia mantienen exenciones en productos sensibles, como alimentos, energía y materias primas. Esta estrategia, que combina presión comercial y flexibilidad selectiva, busca proteger intereses estratégicos sin desatar una guerra arancelaria total.

En el caso colombiano, el 51% de las exportaciones, incluidos el petróleo y el oro, sigue exento de aranceles, según datos recogidos por el Budget Lab de Yale. Esto ha permitido mitigar el golpe, aunque el riesgo de una ampliación de medidas sigue presente y dependerá en parte del curso de las negociaciones en las próximas semanas.

La cifra más llamativa es la diferencia entre el arancel nominal anunciado y el real. Mientras la tasa promedio teórica supera el 20%, el arancel efectivo se sitúa en 15,6% al corte del 1 de junio, una brecha que evidencia que la política arancelaria actual responde tanto a motivos fiscales como geopolíticos.

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Aun así, el consumidor estadounidense ya siente el impacto. Estudios recientes citados en el informe de AmCham indican que los aranceles podrían elevar los precios hasta en un 1,7%, lo que se traduciría en un sobrecosto anual cercano a los 2.300 dólares por hogar. En efecto, la inflación de junio llegó a 2,7%, superando el promedio de los últimos meses.

Desde el punto de vista fiscal, los aranceles se han convertido en una fuente clave de ingresos para el gobierno estadounidense. Solo en el primer semestre del año, la recaudación por este concepto osciló entre 90.000 y 100.000 millones de dólares, con un récord en junio.

Si la tendencia continúa, los ingresos arancelarios podrían alcanzar los 300.000 millones al cierre de 2025. Pero esta ganancia tiene un costo.

Según el modelo del Yale Budget Lab, la economía estadounidense podría experimentar una contracción del 0,4% y una pérdida de hasta 0,7 puntos porcentuales en el crecimiento del PIB.

Los sectores más afectados serían aquellos altamente dependientes de insumos importados, como la construcción y la agricultura, que enfrentan alzas de costos y posibles represalias comerciales.

Por el contrario, la industria manufacturera local podría registrar un crecimiento del 1,3%, impulsada por el encarecimiento de los productos extranjeros. Sin embargo, el efecto neto es desigual y genera tensiones internas.

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El precio de bienes de consumo como ropa y calzado podría subir entre un 35% y 37%, reduciendo el poder adquisitivo.

En cuanto al futuro inmediato, el informe de AmCham utiliza un modelo de riesgo basado en cinco factores para estimar la probabilidad de que nuevos aranceles entren en vigor el 1º de agosto de 2025.

China encabeza la lista con una probabilidad del 95%, seguida de Brasil (85%) y Vietnam (80 %). Colombia, aunque no figura entre los países con medidas formales proyectadas, tiene un 25% de probabilidad de enfrentar nuevos gravámenes.

El país, que mantiene el arancel base del 10%, envió el pasado 16 de julio una carta formal de intención de negociación a la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR), paso considerado positivo aunque insuficiente para garantizar un alivio inmediato.

Sin embargo, la solicitud llega en un momento en que EE. UU. prioriza conversaciones con socios estratégicos como Corea del Sur, Japón y la Unión Europea.

Por ahora, Colombia no ha sido incluida en el modelo de riesgo técnico aplicado por AmCham, ya que no ha recibido una carta oficial de la Casa Blanca ni enfrenta nuevas medidas más allá del arancel base.

No obstante, la puerta al diálogo está abierta, y el país deberá reforzar su posición técnica y diplomática si quiere evitar un escenario más adverso.

Entre los temas que Colombia deberá abordar en una eventual negociación se destacan los mecanismos de revisión de inversiones extranjeras y los controles a la exportación de bienes y tecnologías sensibles, dos áreas prioritarias para la administración estadounidense.

La ausencia de propuestas técnicas detalladas en estos frentes limita por ahora el avance hacia exenciones específicas.

El informe de AmCham concluye que Colombia ha dado un primer paso clave, pero aún se encuentra en fase preliminar.

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