Luego de dos jornadas de reuniones, en las que se escucharon quejas y argumentos de las partes  involucradas en la crisis alimentaria en la cárcel de Cúcuta, la Uspec (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios), resolvió conceder plazo hasta el siete de mayo al operador, Consorcio UT Uspec 2024, para hacer los ajustes necesarios y mejorar la calidad en la prestación del servicio.

En el acuerdo al que se llegó, el operador se comprometió a reorganizar su esquema de proveedores y suministro de alimentación, y que a partir de la fecha indicada, es decir, en dos semanas, “todo iba a marchar como debería ser”, dijo una fuente del centro carcelario.

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Igualmente, la Procuraduría, Defensoría y Contraloría se comprometieron a hacer un seguimiento mes a mes, y mediante actas recoger evidencias y dejar constancia del cumplimiento de los acuerdos, con el avance y las mejoras en la prestación del servicio.  

Finalmente, la opción de cambiar el operador del servicio, que era una de las fuertes peticiones por parte de los diferentes sindicatos de trabajadores del Inpec en Cúcuta no fue posible, toda vez que ya existe un proceso de contratación en curso.

Ocho días de crisis

La reunión de emergencia entre los representantes del Ministerio Público, la Uspec, Consorcio y representantes de los derechos humanos de los privados de libertad tuvo lugar luego de una semana de crisis en el recinto carcelario de Cúcuta, derivado de una serie de irregularidades en la prestación del servicio de alimentación.

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Y es que de acuerdo con la denuncias de los representantes sindicales y de los mismos internos, los problemas se venían presentando por el incumplimiento en los horarios de entrega de las comidas a los privados de libertad, pero además en las raciones y en los alimentos, que no correspondían con los menú establecidos y venían muchas veces en estados de descomposición.

Por esta situación en la última semana los internos protagonizaron una huelga de hambre, en protesta por la precariedad de los alimentos que les estaban entregando, y que en algún momento fue media taza de arroz  y un cuarto de salchicha.

Los familiares de los internos venían haciéndose eco del hecho, preocupados por los problemas de salud que esta situación venía ocasionando. Y es que La Opinión conoció el caso de un interno que asegura haber perdido 7 kilos en el último año, consecuencia de la mala alimentación.

Mientras que otros, con  requerimientos alimenticios especiales, la estaban pasando peor.

La expectativa es que se mejore de manera radical la entrega de los alimentos a los reclusos, “pues ellos cometieron un error y están pagando por eso, pero no por eso se debe vulnerar el derecho que tienen a recibir una comida digna”.

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