Una explosión cerca del centro de rehabilitación de El Bosque y la cárcel distrital de Barranquilla el pasado 2 de febrero llamó la atención de la Procuraduría, que busca verificar qué acciones desplegaron las autoridades distritales para enfrentar esta posible amenaza y anticiparse a situaciones de riesgo.
 

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Según la Procuraduría, este tipo de hechos afecta la seguridad pública y la convivencia ciudadana y puede afectar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, de los guardianes del centro penitenciario y de la población que reside en zonas aledañas.

La entidad envió requerimientos a las secretarías de Gobierno y Salud de Barranquilla, y a la Oficina de Seguridad y Convivencia, para determinar qué acciones han desplegado para prevenir posibles hechos de violencia que pudieran estar relacionados con esa explosión.

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