En el último consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro soltó una idea que encendió alarmas en el sector infraestructura: para enfrentar la fiebre amarilla y comprar entre 13 millones y 14 millones de dosis de vacunas, el Gobierno podría usar hasta $1 billón... de las vigencias futuras de los proyectos 4G y 5G que, según él, estarían en incumplimiento.

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“Existen $8 billones del Gobierno guardados en los bancos en fondos de fideicomiso, para soportar la contratación con los concesionarios dueños de peajes, de las llamadas 4G y 5G”, dijo el jefe de Estado.

Pero la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) no tardó en responder. Y lo hizo con una frase rotunda: “los proyectos están cumpliendo y la plata ya está comprometida”.

“Ninguno está incumpliendo”, dice el gremio

Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI, salió al paso de las declaraciones y puso los puntos sobre las íes: “Todos los proyectos de concesión, de cuarta y quinta generación, están cumpliendo cabalmente sus obligaciones”.

Es decir, no hay margen legal para redirigir esos dineros a otras causas, por urgentes que sean. Además, explicó que esos recursos están girados a las fiducias para pagar obras construidas por concesionarios que ya fueron entregadas y aprobadas por el Estado.

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La CCI fue enfática: las vigencias futuras no pueden trasladarse a otros sectores. Son compromisos contractuales de largo plazo, firmados por el Estado colombiano, y financiados en buena parte con capital privado.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, respaldó esta tesis y alertó que cualquier cambio arbitrario “pondría en duda la seguridad jurídica de las vigencias futuras, que son la fuente de pago esencial de los proyectos de infraestructura del país”.

¿Qué pasa con los proyectos frenados?

No todo está en obra negra. La CCI reconoció que hay tres proyectos que no han iniciado o culminado: Perimetral Oriental de Bogotá, Bucaramanga – Pamplona y Mulaló – Loboguerrero.

Pero en estos casos, el gremio responsabiliza al propio Estado por demoras en licencias ambientales.

Sobre Perimetral y Bucaramanga–Pamplona, abrieron la puerta a una negociación que permita liberar recursos si se liquidan los contratos de forma bilateral.

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En el caso de Mulaló – Loboguerrero, la CCI desmintió que haya una deuda del concesionario con el Estado por $1,8 billones. De hecho, dijeron que esos fondos —hoy por $2,2 billones incluyendo rendimientos— están a cargo de la ANI.

Los $8 billones mencionados por Petro están en patrimonios autónomos, pero no son de libre disposición. “El concesionario no puede tocarlos; están regulados por contratos firmados con el Estado”, puntualizó Caicedo. Si se quisiera redireccionarlos, el Gobierno necesitaría reformar leyes, renegociar contratos y asumir riesgos judiciales.

Paradójicamente, la herramienta que Petro pone en la mira es la misma que su Gobierno acaba de usar. El proyecto férreo La Dorada – Chiriguaná fue adjudicado gracias a vigencias futuras. Y el gremio asegura que también se necesitarán para cumplir con la prometida vía Pasto – Popayán.

La conclusión, al menos desde el gremio constructor, es clara: los recursos ya tienen dueño y contrato. Reasignarlos —por más noble que sea el fin— sería, en palabras de Caicedo, jurídicamente inviable.

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