La Registraduría Nacional del Estado Civil aprobó la solicitud de un grupo de ciudadanos que busca que el inglés se convierta en la segunda lengua oficial obligatoria en los colegios públicos de Colombia. La propuesta, titulada “Colombia Bilingüe”, podrá iniciar formalmente la recolección de firmas con miras a convertirse en una consulta popular vinculante.
De acuerdo con la Ley 1757 de 2015, las consultas populares de origen ciudadano deben contar con el respaldo de al menos el 5 % del censo electoral nacional. Esto equivale a más de 1.8 millones de firmas válidas, las cuales deberán ser recogidas y luego verificadas por la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral. Solo entonces el presidente de la República estará habilitado para convocar oficialmente el referendo.
El proyecto está liderado por un comité promotor conformado por líderes académicos y empresariales. Entre ellos se destacan Juan Carlos Portilla Jaimes, abogado y académico que lidera la iniciativa, y Juan Manuel Ramírez, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral.
¿Qué busca la consulta popular “Colombia Bilingüe”?
Según la Resolución 19479 de la Registraduría, el objetivo principal de la consulta es que la ciudadanía decida si el inglés debe ser una lengua obligatoria de enseñanza en las instituciones educativas públicas, en igualdad de condiciones con el español.
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De aprobarse en las urnas, la propuesta implicaría el diseño e implementación de estrategias pedagógicas y logísticas para integrar el inglés en todos los niveles del sistema escolar público. La meta, según sus impulsores, es preparar a los estudiantes colombianos para un entorno globalizado.
Juan Carlos Portilla señaló en un comunicado que “Colombia Bilingüe es una política pública que impulsa el inglés como segunda lengua oficial de instrucción en colegios públicos. Su enfoque medible fomenta la equidad, mejora los resultados académicos (PISA), promueve inclusión y genera empleo juvenil”.
A su vez, el promotor aseguró que el bilingüismo “conecta el talento colombiano con la demanda global, fortalece la competitividad y permite una participación internacional equitativa en innovación, diplomacia y progreso sostenible”.
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