Conclusiones y recomendaciones
Ante la grave situación que se presentó durante el paro nacional, el informe destaca la importancia de que los agentes de las fuerzas de seguridad respeten los principios de legalidad, precaución, necesidad, proporcionalidad, y no discriminación a la hora de controlar las manifestaciones y de que las armas de fuego sólo deben ser utilizadas como último recurso ante una amenaza inminente para la vida o de lesiones graves.
Además, recalca que el uso de armas de fuego para dispersar de forma indiscriminada una protesta siempre es ilegal, porque estas no son apropiadas para el control policial de manifestaciones y que no deben usarse nunca para dispersar una manifestación.
El informe agrega que todos los presuntos implicados en causar lesiones o muertes, incluyendo agentes del Estado, deben ser objeto de investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes.
“El Estado debe garantizar también el derecho de las víctimas a una reparación integral. Las medidas tomadas por las autoridades para investigar y perseguir penalmente estos abusos son bienvenidas”, dice el informe.
El informe agrega que se deben revisar los protocolos y procedimientos de uso de la fuerza, para asegurar su plena adecuación con las normas y estándares del derecho internacional de los derechos humanos.
Además pide impulsar un debate amplio en la sociedad sobre la reforma a la Policía Nacional, incluyendo los mecanismos de control y de rendición de cuentas, así como valorar la pertinencia de transferir la policía del Ministerio de Defensa a un Ministerio de autoridad civil, para reforzar el carácter civilista de la institución y el enfoque sobre la seguridad ciudadana.
Este informe también se refirió a la intervención militar en las protestas, donde dijo que “garantizar el mantenimiento de la seguridad ciudadana, incluyendo la gestión de las manifestaciones, está reservado a los cuerpos policiales civiles y que toda asistencia militar sea excepcional y conforme con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, recordando que su participación debe ser temporal y limitada, subordinada a la autoridad civil, y regulada y fiscalizada por órganos civiles competentes".
Por último la ONU le pide al Gobierno implementar las recomendaciones de la CIDH formuladas a raíz de su visita a Colombia en junio de 2021, las cuales en repetidas ocasiones han sido consideradas por el gobierno, como de no obligatorio cumplimiento.
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