La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, solicitó este martes a la Corte Constitucional declarar inexequible el término "persona protegida" en el contexto del conflicto armado colombiano, para garantizar que todas las víctimas de violencia sexual, ya sea dentro o fuera de las filas de grupos armados ilegales, reciban la misma protección.

La solicitud se presenta dentro de una demanda que cuestiona la exclusión de las víctimas de violencia sexual que hacen parte de un grupo armado del listado de "personas protegidas" bajo la legislación actual.

Durante la audiencia pública convocada para abordar la demanda de inconstitucionalidad, Marín Ortíz destacó que los delitos cometidos antes de la sentencia deben ser punibles, no solo los ocurridos tras la declaración de constitucionalidad.

Explicó que esta posición está en línea con la jurisprudencia de la Corte de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que defienden una prohibición expresa de crímenes de guerra y de lesa humanidad, independientemente de la tipificación específica.

Marín Ortiz subrayó que la eliminación de la exclusión de las víctimas dentro de los grupos armados fortalecería la protección jurídica de los derechos humanos, especialmente en casos de violencia sexual y reproductiva.

En ese sentido, la Defensora concluyó que la protección de estas víctimas debe ser tratada de manera equitativa, sin distinciones, y que el remedio constitucional más adecuado es la declaratoria de "inaccesibilidad" de las expresiones demandadas del Código Penal, por razones de seguridad jurídica y protección efectiva de los derechos humanos fundamentales.

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La Corte Constitucional está evaluando una demanda que pone en tela de juicio la exclusión de combatientes víctimas de violencia sexual dentro de los grupos armados del listado de "personas protegidas" en el Código Penal. La demanda, presentada por la activista Natalia Springer, argumenta que la legislación actual deja desprotegidos a miles de personas que sufren violencia sexual dentro de los mismos grupos armados, excluyéndolas de los beneficios legales otorgados a las víctimas fuera de estos grupos.

La audiencia pública, que se lleva a cabo en el Palacio de Justicia en Bogotá, analiza tres aspectos clave: la consideración del reclutamiento forzado y la violencia intrafilas como problemas sistémicos de derechos humanos; la necesidad de modificar la legislación para garantizar la protección de las víctimas de violencia sexual en las filas armadas; y la inclusión de hombres y personas diversas entre las víctimas de estos abusos.

La Corte Constitucional escuchará las intervenciones de expertos nacionales e internacionales en derechos humanos, así como de organizaciones defensoras de víctimas, quienes expondrán sus argumentos sobre la posible reforma de las leyes colombianas en relación con la protección de víctimas de violencia sexual en el contexto de los grupos armados.

Este proceso podría sentar un precedente histórico en la protección legal de las víctimas de violencia sexual dentro de los grupos armados, extendiendo la categoría de "persona protegida" a quienes actualmente no la reciben debido a su vinculación con estos grupos.

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