Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, quienes fueron los líderes en las negociaciones de paz en los diálogos con las Farc en La Habana, expresaron sus críticas al presidente Petro tras la muerte del senador Miguel Uribe.

Califican de “cobarde y doloroso” el asesinato contra Uribe Turbay, enviando sus mensajes de condolencias a su familia por este crimen.

Sin embargo, aseguran que este magnicidio también es un golpe al acuerdo de paz de 2016, recordando que Miguel Uribe era cabeza de oposición política y primer renglón en la lista del senado del Centro Democrático.

Los exnegociadores aseguraron que el acuerdo firmado era para el desarme de los exfarc y su tránsito a la vida, pero también “un escenario para establecer más máximas garantías posibles para el ejercicio de la oposición política”.

Sin embargo, a pesar de existir estos acuerdos, cuestionan duramente al presidente Gustavo Petro por su indiferencia y hasta desprecio por no cumplirlos en favor de la oposición.

“La actitud del Presidente Petro frente al Sistema Integral de Seguridad, que incluye ‘una instancia de alto nivel’ en la Presidencia de la República, y la promoción de la convivencia ha sido la misma que ha tenido frente a todo el Acuerdo: de desdén e indiferencia, por no decir de desprecio”, dicen.

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Además, recordaron que producto de estas negociaciones se aprobó por primera vez en Colombia la ley 1909 de 'fast track' de 2018: “un estatuto de garantías para la oposición, en cumplimiento del Acuerdo de Paz y de la Constitución Política”.

Las críticas también se elevaron al Comisionado de Paz, Otty Patiño, a quienes señalan de que “añade sin parpadear que hay un ‘divorcio’ al interior del Gobierno y que él tampoco tiene responsabilidad por la implementación del Acuerdo, sino un funcionario de tercer nivel en su oficina”.

Insisten en su pronunciamiento de que Uribe Turbay fue un brillante opositor entregado a la política, pero que La historia de violencia en Colombia no tiene por qué repetirse "si el gobierno hace lo que tiene que hacer".

“Es imperativo que se tome en serio su responsabilidad legal y constitucional de proteger a la oposición política, como a los firmantes de paz, implementando el Sistema Integral y fortaleciendo las tan debilitadas capacidades de inteligencia del Estado”, cuestionan.

Frente a los señalamientos de que la Segunda Marquetalia sea uno de los posibles responsables del crimen de Miguel Uribe, cuestionan que el gobierno Petro abandona las regiones y “empodera a las bandas y las disidencias”.

Incluso, señalan que este crimen es el resultado de una “terrible equivocación” de empoderamiento a los grupos armados sin métodos claros y sin un marco legal.

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