Han pasado seis años desde que el Ministerio de Ambiente delimitó el páramo Santurbán, estratégico en el oriente colombiano. Sin embargo, defensores del agua que allí brota y de la riqueza en fauna y flora siguen con más dudas que certezas frente a los linderos del vasto terreno y de las actividades allí permitidas.
El 18 de diciembre de 2019, a la cartera ambiental presidida por el geólogo santandereano Ricardo José Lozano Picón, se le venció el plazo que el Tribunal Administrativo de Santander (TAS), le había concedido para ajustar la delimitación hecha en 2014, Resolución 2090, previa participación real de las comunidades que habitan en los 40 municipios que tienen jurisdicción en el páramo.
La anterior vigencia cerró sin efectuarse la fase de concertación y con una avalancha de solicitudes y de críticas por el manejo que el Ministerio de Ambiente le ha dado al proceso.
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Al respecto Erwing Rodríguez-Salah, integrante del Comité para la Defensa del Agua y Santurbán y uno de los accionantes de la tutela que dio origen a la Sentencia T-361 de la Corte Constitucional, que ordenó los ajustes, señaló que “la delimitación de 2014 fue expedida en el afán del gobierno Santos de impulsar una mal concebida locomotora minera. Lamentablemente, todo indica que la historia se va a repetir”.
Para él, “en tiempos de Duque, el Ministerio de Ambiente pidió prórrogas muy cortas para expedir la nueva delimitación del páramo: la primera por ocho meses (que venció el 16 de julio de 2019), y la segunda por cinco meses adicionales (que vencieron el pasado 18 de diciembre)”.
De acuerdo con Rodríguez-Salah en un periodo tan corto es imposible expedir una delimitación técnico-científica, con los estudios hidrológicos e hidrogeológicos adecuados, que pueden tardar al menos cinco años en llevarse a cabo. Estas inquietudes se las han manifestado a la cartera ambiental en varias oportunidades y recientemente en un derecho de petición.
Frente al vencimiento del plazo y el estado actual del proceso, el Ministerio de Ambiente informó que si bien el TAS fijó el 18 de diciembre como fecha para concertar los ajustes, también hizo claridad en que debe cumplirse lo ordenado por la Corte Constitucional, razón por lo que este año se hará la concertación, dándose el tiempo suficiente para que las comunidades estudien la propuesta presentada por el Ministerio.
Pese a ello Rodríguez-Salah argumentó que “una nueva delimitación exprés y engañosa de Santurbán traerá una avalancha de acciones legales contra los actos administrativos expedidos por las entidades del Estado que, paradójicamente, se han convertido en la principal amenaza contra el agua y los páramos”.
(Nueve millones de onzas de oro y de otros metales proyecta extraer el proyecto de Minesa en 25 años.)
Corponor solicitó audiencia
Corponor a través de su director, Gregorio Angarita Lamk, le solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), adelantar en Cúcuta una audiencia para que las comunidades participen en el licenciamiento del proyecto de explotación de minerales en Soto Norte (Santander), solicitado por Minesa.
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De acuerdo con él es necesario que los habitantes de Norte de Santander conozcan los detalles del proyecto minero y el impacto ambiental que se podría generar, máxime cuando el mayor porcentaje del páramo está en esta región del país. Actualmente se está a la espera de respuesta por parte del director de la Anla, Rodrigo Suárez Castaño.
El director Angarita ha manifestado que el estudio predio a predio hecho por Corponor, será clave para garantizar la permanencia de las familias campesinas en el territorio.
