La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional que acepte las pretensiones de una demanda que se presentó en contra de la ley que entrega vacunas gratis contra el papiloma humano por estar dirigida solo a niñas que estén escolarizadas, entre cuarto de primario y séptimo de bachillerato.

La demanda fue presentada por James Bello Castillo y Carlos Sául Martínez Núñez por estimar que no hay ninguna razón válida para que solo se entregue a niñas, cuando el virus también puede afectar a niños de sexo masculino, provocando incluso cáncer en su zona íntima.

Para Bello y Martínez, dicha disposición contenida en el artículo 1 de la Ley 1626 de 2013 es discriminatoria con las niñas que no están en dichos grados y a los que no están en la escuela, como si adquirir el virus dependiera del estado de escolaridad.

Ahora, en concepto conocido por Colprensa, la Procuraduría General de la Nación le pidió mantener la norma en el entendido “que también incluye a las niñas entre los 9 y 17 años que no estén escolarizadas”.

El Ministerio Público considera que el requisito de estar escolarizadas es inaceptable “sobre todo cuando así se terminaría afectando o amenazando gravemente el derecho a la salud de esas menores excluidas”.

La entidad recordó que todas las niñas sin excepción son sujetos de especial protección del Estado y deben ser tratadas en igualdad de condiciones.

No obstante, para la Procuraduría no se puede ampliar la vacunación a los niños, citando informes de la OMS que señalan que no es recomendable para los varones.

El caso está en manos del magistrado Luis Guillermo Guerrero.