La corte suprema de Venezuela ratificó este viernes una inhabilitación política contra María Corina Machado, electa en primarias como la candidata de la oposición para enfrentar a Nicolás Maduro en las presidenciales de este año.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, creó un mecanismo de impugnación de inhabilitaciones para quienes "aspiran a postularse" a las presidenciales de 2024, bajo presión de Estados Unidos y en medio de los acuerdos suscritos en Barbados por gobierno y oposición en un proceso de negociación que media Noruega.

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Más temprano ratificó igualmente la inhabilitación de Henrique Capriles, que enfrentó al expresidente Hugo Chávez en 2012 y un año después a Maduro.

Las inhabilitaciones políticas son una vieja arma del chavismo para sacar del medio a sus rivales. Las impone la Contraloría, facultada por ley para tomar medidas contra funcionarios bajo investigación, aunque la Constitución establece que solo una sentencia judicial "definitivamente firme" impide aspirar a la presidencia.

La Sala Político Administrativa del TSJ validó los argumentos de este organismo de sancionar a Machado, de 56 años, por ser "partícipe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Antonio Guaidó M., que propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela, así como también, el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, con la complicidad de gobiernos corruptos".

Guaidó, hoy en el exilio, fue reconocido como presidente encargado del país por más de 60 países, incluido Estados Unidos, que presionaron con sanciones la caída sin éxito de Maduro.

Machado había sido inhabilitada por un año en 2015 por asistir como "embajador alterno" de Panamá a una reunión de la Organización de Estados Americano donde denunció supuestas violaciones a derechos humanos durante las protestas que ese año pedían "la salida" de Maduro y dejaron 40 muertos. Pero la sanción fue extendida a 15 años en junio pasado por haber "solicitado la aplicación de sanciones y bloqueo económico que generó daños en la salud venezolana".

La dirigente liberal sostuvo que nunca fue notificada sobre la medida, que siempre tachó de ilegal, y a pesar de su inhabilitación conquistó más de 2 millones de votos (92%) en las primarias de la principal alianza opositora.

La decisión de este viernes cierra en la práctica la posibilidad de que pueda enfrentar a Maduro, candidato natural del chavismo, en las elecciones previstas para el segundo semestre de este año con observación internacional, parte también de lo acordado en Barbados.

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"Sentimiento de cambio" 

El Supremo informó decisiones favorables a los dirigentes Leocenis García, un expreso y dirigente no alineado con la oposición tradicional; Richard Mardo, un exparlamentario; el exgobernador del estado Zulia (oeste), Pablo Pérez; y Daniel Ceballos, ex "preso político" y exalcalde de San Cristóbal (Táchira, oeste).

Capriles, que desistió de participar en las primarias opositoras de octubre pasado, en las que arrasó Machado, no se apegó al mecanismo de Barbados. La Sala respondió a un recurso introducido en 2017, año en que fue sancionado sancionado por presuntas irregularidades administrativas durante su mandato como gobernador del estado Miranda (2013-2017), que abarca parte de Caracas.

"Lo que nunca podrán inhabilitar es el sentimiento de cambio de los venezolanos", escribió Capriles en X. "Hoy más que nunca, que nada ni nadie nos saque de la ruta electoral, del ejercicio del derecho al voto, que los venezolanos tengamos una alternativa que compita y pueda cambiar al peor gobierno de la historia".

El mecanismo de impugnación fue creado bajo presión de Estados Unidos, que lo condicionó a la flexibilización por seis meses de las sanciones estadounidenses al petróleo, el gas y el oro de Venezuela. 

Las negociaciones llevaron también a la liberación de presos en Venezuela a cambio de la excarcelación en Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, acusado por la oposición de ser "testaferro" de Maduro y que era juzgado en Florida por lavado de dinero.

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