Desde una celda, sin más cámara que la de un celular clandestino y con el eco de otras voces femeninas tras los barrotes, Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, volvió a ocupar titulares. Pero esta vez no fue por sus polémicas en redes ni por su emprendimiento de queratinas. Esta vez, la influencer denunció una realidad alarmante: las internas de la cárcel El Buen Pastor estarían pasando hambre y recibiendo alimentos en estado de descomposición.
El video difundido por medios y replicado en redes muestra a Barrera, con rostro serio y tono firme, señalando la grave situación que enfrentan cientos de mujeres privadas de la libertad. “Estas mujeres están muertas de hambre. Llevamos días sin comer”, dice mientras otras voces la respaldan con frases como “¡nos están dando pollo podrido!” o “¡hay ratas en la comida!”.
La escena no es un episodio aislado ni una exageración viral: forma parte de una serie de denuncias que, según reportó El Tiempo, han sido elevadas por varias internas del penal bogotano, y que apuntan directamente a fallas estructurales en el servicio de alimentación que gestiona el Estado colombiano a través de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).
Ratas, comida descompuesta y contratos cuestionados: las denuncias de Epa Colombia
De acuerdo con documentos oficiales, el contrato que rige la alimentación en El Buen Pastor, y en otras 12 cárceles del centro del país, fue adjudicado el 30 de abril de 2025 a la Unión Temporal Servir Uspec, con vigencia hasta el 31 de julio de 2026 y un valor superior a los 69 mil millones de pesos.
Esta unión está conformada por tres firmas: Jesmar Hurtado y Compañía (con el 51% de participación), la Fundación para el Progreso Territorial e Industrias Alimenticias Enripan S.A.S. Aunque estos nombres pueden sonar desconocidos para el público general, no lo son para quienes han seguido de cerca la historia penitenciaria reciente: las mismas empresas ya estuvieron vinculadas en 2023 al escándalo alimentario en la cárcel de Cómbita, donde se reportó desabastecimiento y una posible fuga por hambre.
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Las denuncias actuales son similares a las de aquel entonces: alimentos en mal estado, condiciones insalubres en las cocinas y la aparición de roedores dentro de los utensilios de preparación. Según las internas, en varios casos el pescado y el pollo han llegado podridos, y en otros simplemente no hay comida suficiente para cubrir las tres raciones diarias obligatorias.
La gravedad de los hechos ha reavivado el debate sobre la transparencia en los contratos carcelarios y el “carrusel de contratistas” que, según organizaciones como Coraci, opera bajo la mirada complaciente de la Uspec. Denuncian que año tras año los mismos grupos empresariales se adjudican los contratos sin mejorar las condiciones.
La reacción de la Uspec no se hizo esperar. En un comunicado, la entidad afirmó que “no ha existido interrupción del servicio de alimentación” y que la distribución de alimentos se está realizando “según los lineamientos contractuales”. También atribuyó la presencia de ratas al “aumento de lluvias y al desbordamiento del Caño Negro”, y anunció que ya se contrataron servicios de control de plagas y se reforzaron las condiciones de higiene.
Sin embargo, las imágenes, los testimonios y el malestar generalizado entre las internas pintan otra realidad, una en la que la dignidad humana parece quedar relegada frente a la burocracia y las cifras frías de los contratos estatales.
Lo que convierte esta historia en un caso particular es la figura de Epa Colombia. La influencer, que purga una condena por daños a bienes públicos, se ha convertido, irónicamente, en la voz de denuncia más potente desde adentro del sistema carcelario. Su visibilidad, que alguna vez fue vista con desdén por la opinión pública, hoy funciona como altavoz para cientos de mujeres invisibilizadas.
Y es que cuando el hambre aparece, no hay diferencia entre famosas e internas anónimas. La situación de El Buen Pastor recuerda que, más allá del espectáculo, hay derechos mínimos que deben garantizarse, incluso en las prisiones.
Frente al escándalo, la Defensoría del Pueblo se pronunció, calificando el servicio de alimentación en varias cárceles como “inhumano” y haciendo un llamado urgente al Gobierno para revisar los contratos y condiciones en todos los centros penitenciarios del país.
El organismo también recordó que, según cifras recientes, solo en El Buen Pastor hay 1.895 mujeres privadas de la libertad, lo que representa más del 74% del total de personas bajo la cobertura de este contrato específico.
El caso de El Buen Pastor no es un episodio aislado, sino el reflejo de un sistema penitenciario saturado, precarizado y profundamente desigual, donde los derechos humanos muchas veces no alcanzan a cruzar los muros de concreto y vigilancia.
Mientras tanto, las reclusas siguen esperando una respuesta que no solo sea institucional, sino verdaderamente humana. Porque como lo gritó una de ellas en el video: “No estamos pidiendo lujos, solo comida que no nos enferme.”
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