El 23 de noviembre, el representante a la Cámara por Boyacá Rodrigo Rojas se grabó a sí mismo a las afueras del Congreso de la República: en un video de 47 segundos le anunció al país la aprobación del proyecto de ley “Entornos seguros de aprendizaje” con el que pretende regular el uso de dispositivos tecnológicos personales –celulares y tablets– en los salones de clase de escuelas y colegios.
La iniciativa comenzó su camino por los vericuetos legislativos en agosto de 2018. Sin embargo, la contingencia del covid-19 la archivó, a pesar de contar con el visto bueno en Cámara y Senado. A principios de junio de 2021, Rojas la radicó de nuevo. Esta vez fue la vencida: el articulado recibió el respaldo de los legisladores. Por el momento, falta la firma del presidente Iván Duque para que la norma sea ley. Antes de final de año –piensa Rojas– lo será.
Parte de los argumentos a favor de la propuesta fue tomada por el político del trabajo académico “Riesgos y potencialidades del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación”, realizado en 2017 por el Grupo de Investigación en Comunicación y Estudios Culturales de Eafit. Las pesquisas ofrecieron datos interesantes, dicientes: a la sazón el 41 % de los niños en Colombia navegó en exceso por internet mientras el 35 % vio contenido sexualmente explícito y el 20 % recibió mensajes con contenido sexual.
Aunque no hay registros recientes, muchos de los entrevistados para esta nota coinciden que se disparó la cantidad de tiempo de los adolescentes en el mundo virtual. El avance de la tecnología –veloz, imparable– casi nunca coincide con las normas y las convenciones para evitar sus riesgos. “Una docente de la Universidad de Harvard decía que así como debíamos asimilar los avances tecnológicos, también teníamos que avanzar en términos de legislación para prevenir los riesgos que conlleva este avance”, responde el representante Rojas al ser preguntado por el origen del proyecto.
Silvana de Pía, rectora del Colegio Bilingüe Leonardo Da Vinci, es tajante: “Para mí, el proyecto se demoró mucho”. Y, en seguida, cuenta que Italia hace años reglamentó el uso del celular en los espacios educativos.
¿Prohibir o regular?
A primera vista, la tarea de restringir la presencia de los dispositivos móviles en cualquier sitio es ir contra el río del tiempo.
No obstante, algunas instituciones educativas lo han hecho con éxito. En el claustro regentado por de Pía hay una caja en la entrada para depositarlos al inicio de la jornada y recogerlos al final. “No hay necesidad del celular. Es un lujo que entorpece la atención de los muchachos”.
Una experiencia similar viven los estudiantes de la institución educativa Tomás Carrasquilla, de Medellín. Andrea Gutiérrez –docente de ciencias naturales en dicho colegio– tampoco cree necesario el celular en las aulas: “En nuestra institución nunca hemos permitido el uso de celulares, desde siempre”. Ambas coinciden en calificarlo de distractor en el proceso educativo. “En la clase no es correcto usar el celular porque los estudiantes no tienen la suficiente madurez y capacidad para manejar los tiempos”, dice Gutiérrez.
Además de causante de la falta de concentración, lo consideran una barrera para la interacción entre los compañeros. De alguna manera, ambas chulean la propuesta legislativa.
Por su parte, Jaime Pinzón –profesor del Antonio José de Sucre, de Itagüí– lee con luz distinta la incidencia del móvil en el proceso formativo. En lugar de proscribirlo, lo suma a sus metodologías de enseñanza. “El celular permite que los jóvenes puedan consultar, profundizar, participar de manera diferente y eso hace, inclusive, que algunos se motiven”. Eso sí, aclara de inmediato, la compañía del profesor y la claridad en los acuerdos son vitales para no sucumbir a las salidas fáciles de la internet.
“Se requiere de mucho control, mucha dirección de grupo en el momento que se utiliza y unos acuerdos muy específicos”. Aún más, no soslaya la responsabilidad de los padres de familia y de la planta docente en el uso desmedido de las redes sociales: “Si el joven se distrae es porque sus intereses están en otro lado. Ya no es problema de la tecnología sino del joven y del docente”.
La pregunta vital del asunto es la de ¿cómo enseñarles a generaciones crecidas con las narrativas de la web?
El futuro inmediato
En todo caso, una vez la firma presidencial refrende la ley “Entornos seguros de aprendizaje”, el Ministerio de Educación Nacional tendrá seis meses para ajustar los detalles de su puesta en marcha: modificaciones de los manuales de convivencia y lineamiento generales.
Tal cosa no se traducirá en el destierro de los celulares y de las tablets de los pupitres y los patios de recreo. La telefonía móvil –expresa el parágrafo del artículo cuatro del texto legislativo– solo en casos excepcionales y en determinados horarios podrá ser vedada de tajo. Lo de verdad importante –según el representante Rojas y los maestros consultados– es la consciencia de la responsabilidad compartida en “el uso adecuado de las herramientas tecnológicas”.
Para Rojas la importancia del proyecto radica en que “abrió el debate frente a la responsabilidad que deben tener los padres de familia en el buen uso de estas herramientas. Muchas veces los padres delegan su papel en este tipo de herramientas”. La ausencia de un contexto propicio para la formación integral de la ciudadanía del futuro es una realidad palpable para los docentes. “La comunidad educativa necesita una mayor participación de los padres”, concluye Pinzón.
