Desde la semana pasada, de manera extraoficial se conoció acerca de la captura del exfiscal superior del Táchira, Alejandro Celis.  Los motivos acerca de la supuesta detención aún se desconocen de manera oficial, pero los rumores acerca de la causa de la posible captura han colmado las redes sociales en donde mencionan presuntos hechos de corrupción y violencia de género. 

Previo al escándalo que se vive en el Táchira, con respecto a este caso, el funcionario había renunciado al cargo en la fiscalía del Ministerio Público, el cual que ocupó durante 5 años. 

Portales informativos reportaron que Celis fue presentado en tribunales por: violencia psicológica y acto arbitrario. Motivo por el cual, quedó privado de libertad mientras transcurre la etapa investigativa y recluido en el Cuarte General de la Policía.

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Al respecto, el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, dijo, el fin de semana pasado, que no tenía información oficial sobre el caso de Celis “sé que el Fiscal Superior fue removido de su cargo, por instrucciones de la Fiscalía General y hay otra doctora que asumió, y no tengo más detalles al respecto”. 
Bernal señaló que cualquier acción de un funcionario no implica a la institución, pues aseguró que el Ministerio Público es una institución honesta y sin un funcionario incurre en cualquier acto ilegal, la responsabilidad es de carácter individual. 

Que no sea un proceso simulado 

Por otro lado, el diputado emérito y defensor de los derechos humanos, Walter Márquez, se refirió al hecho y expuso que Alejandro Celis debe ser procesado por diversos delitos como: violación al debido proceso, persecución a activistas de derechos humanos, encubrimiento, archivo de expedientes, desestimación de causas y por graves de corrupción. 

“Es un hecho público, notorio y comunicacional, el estilo de vida y los intereses económicos que manejaba Alejandro Celis, a él lo imputaron por delitos menores, pero tiene que ser imputado por grave violación a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, yo en lo personal fui víctima de los atropellos y la persecución de Celis”, denunció Márquez. 

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Aseveró que Celis se prestó para abrirle un expediente incriminatorio por el supuesto delito de instigación al odio, cuando él tiene escuela, experiencia y formación en defensa de derechos humanos.

En el caso concreto de denuncias hechas sobre los restaurantes derribados, tanto el terminal de San Cristóbal como en el Hospital Central, "por orden de Alejandro Celis fueron paralizadas las causas, sobre algunas de ellas decretaron el sobreseimiento y la desestimación, lo que nos obligó a recurrir a tribunales de control, que fueron diligentes en el cumpliendo de su deber".

No obstante, relató que el fiscal aplicó una táctica dilatoria, entrando en complicidad con el director general de la alcaldía, junto con el alcalde de San Cristóbal. 

Por tanto, exigió que no estén simulando un proceso para ponerlo en libertad en los próximos días, por lo que consideró que esto es inadmisible y alertó a todas las víctimas para que se hagan presente en la causa. Dijo que el deber de la fiscalía es investigarlo, así no existan denuncias formales porque las víctimas pueden tener temor. 

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Exhortó al Fiscal General de la República, Tarek William Saab para que cumpla con la obligación de investigar a quien fuera su subalterno. 

El abogado Omar Sayago, acompañado de Óscar Escalante, víctima de los casos que su firma lleva, fijó posición en cuanto a la detención del fiscal, y aseguró que sus representados fueron víctimas de este funcionario cuando iban a introducir alegados, pruebas o llamaban a experticias, pues siempre había una tranca. 

"Este sistema jurídico tiene que ser evaluado, por eso le hago un llamado al fiscal general de la república, Tareck William Saab, para que no solo sea la detención del fiscal, sino también sea revisado todo el Ministerio Público del estado Táchira. También hago un llamado al Tribunal Supremo de Justicia para que los tribunales sean supervisados, evaluados en esta materia", solicitó Sayago. 

El abogado pidió a la justicia venezolana escuchar al débil jurídico, acción que no hacía Alejandro Celis. 

Anggy Polanco / Corresponsal La Opinión

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