Con falsos remates judiciales, en los que ofrecía inmuebles y carros de gama alta a bajo precio, Adriana Patricia Lizarazo habría estafado a por lo menos ocho personas de quienes se habría apoderado de más de 450 millones de pesos.

Así lo sostiene la Fiscalía, que la presentó ante un juez de garantías y le imputó los delitos de estafa agravada y abuso de confianza. El juez le dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y ordenó su captura. La mujer fue detenida en Susa (Cundinamarca) por la Policía.

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Según la investigación de la Fiscalía, durante 2016 y 2024, Lizarazo se habría hecho pasar como funcionaria de diferentes entidades públicas como la Fiscalía General de la Nación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la DIAN, entre otras, para ganarse la confianza de las víctimas y hacer que le consignaran altas sumas de dinero.

Lizarazo Cordero, inicialmente les enviaba letras de cambio, contratos comerciales y otros documentos para darle apariencia de legalidad a la negociación y después convencía a sus víctimas de que le transfirieran dinero para compra unos supuestos pines para participar en los remates, pero finalmente no recibían ningún bien ni les devolvía su dinero.

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