La Procuraduría General sancionó en primera instancia al patrullero Oscar Alexander Márquez Rojas con destitución e inhabilidad por 20 años y al patrullero Wilmer Andrés Ricaurte Pinilla con 8 años de inhabilidad por la muerte de un ciudadano y el uso imprudente de arma de fuego, durante las protestas del 9 de septiembre de 2020 en Soacha.
Las manifestaciones del 9 de septiembre de 2020 se originaron en Bogotá y Soacha tras la muerte del abogado Javier Ordóñez, provocando disturbios, enfrentamientos con la Policía y varios homicidios por arma de fuego, según registros de Medicina Legal.
En Soacha, las protestas se extendieron en los alrededores de la estación de Policía León XIII, donde se presentó un clima de alta tensión.
El Ministerio Público concluyó que el patrullero Márquez Rojas actuó con dolo al disparar su arma oficial “en un entorno de alta agitación y aglomeración, desconociendo los principios de necesidad, proporcionalidad y precaución”, lo que calificó como falta gravísima.
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Por su parte, Ricaurte Pinilla incurrió en culpa gravísima al disparar de forma indiscriminada y poner en riesgo la vida de manifestantes.
La investigación determinó que Márquez Rojas disparó contra Anthony Gabriel Estrada Espinoza, ciudadano venezolano, y que ese proyectil coincidía con su arma de dotación.
Asimismo, la Fiscalía formuló cargos por homicidio y alteración de pruebas desde enero de 2021, decretándose detención domiciliaria para el patrullero.
La Procuraduría reiteró que el uso de fuerza letal en protestas, incluso violentas, no se justifica bajo ninguna circunstancia según el derecho internacional de los derechos humanos, y que ambos uniformados violaron los protocolos institucionales sobre uso de armas y el derecho a la protesta.
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